El gobierno anunció el jueves como un logro digno de destacarse el acuerdo al que había arribado con el Fondo Monetario Internacional. Para los voceros oficiales, los 50.000 millones de dólares que el organismo desembolsará en el lapso de tres años despejan la incertidumbre financiera y le da sustentabilidad al plan económico de cara al futuro.
Semejante derroche de optimismo no se compadece con la historia de injerencia del FMI en la Argentina y otros países, pues el dinero no viene solo, sino con un pliego de condiciones que implica un ajuste doloroso y generalmente muy traumático, particularmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. No obstante, es necesario puntualizar que la situación actual de la economía de nuestro país tiene diferencias sustanciales con la del periodo que terminó con la eclosión de la crisis del 2001, de modo que presuponer trazos paralelos entre ambas etapas históricas es una simplificación que debe omitirse.
Entre las medidas ya anticipadas como parte del ajuste que procura reducir progresivamente el déficit fiscal, se encuentran dos que afectará notablemente a las economías del interior del país.
Una de ellas es una fuerte disminución de las partidas destinadas a financiar la obra pública, que es la actividad dinamizadora por excelencia de la economía de las distintas regiones.
La otra es la baja de las transferencias a los estados provinciales, que se verán obligados a aguantar con sus propios medios las embestidas de la crisis.
Un ejercicio interesante para intentar formular proyecciones respecto de los resultados en el mediano y largo plazo de este tipo de acuerdos es mirar la última experiencia de “salvataje” similar del organismo internacional, en este caso operada en Grecia.
En ese país, en mayo de 2010, el FMI abrió un programa stand-by de alto acceso, el mismo que ahora suscribió la Argentina, por un monto parecido: 40.000 millones de dólares. El objetivo, sanear totalmente la economía griega al cabo de tres años.
Ocho años después de la firma del acuerdo, y luego de que Grecia cumpliera con todas las exigencias impuestas por el Fondo, las secuelas son impactantes: el PBI griego cayó un 27 por ciento, el salario real el 40 por ciento, la desocupación supera el 22 por ciento (entre los jóvenes llega casi al 50 por ciento) y la inversión real fija bajó a la mitad en relación con el PBI. Además, la deuda pública pasó del 80 por ciento del PBI al 180 por ciento.
Según las proyecciones de los economistas internacionales, el Estado griego recién retomará en 2060 el nivel de endeudamiento que tenía en 2010, siempre y cuando logre un crecimiento real del 2% promedio anual.
Cada país y cada época histórica tiene sus particularidades, por lo que no es posible ni conveniente transferir automáticamente resultados en el tiempo o geográficamente. Pero las malas experiencias de otros tiempos y otras latitudes son señales que deben considerarse para evitar consecuencias indeseables que siempre pagan los sectores medios y empobrecidos de la sociedad.
