El Gobierno provincial consiguió ayer una buena dosis de oxígeno para seguir adelante, sin tanta presión social, con las negociaciones que tiene abiertas en varios frentes. Lo hizo al acordar el pago de un paliativo de $3.000 en dos cuotas con los todos los gremios estatales -salvo los docentes, que pulsean en el ámbito del Ministerio de Educación-, más el compromiso de sentarse formalmente en una paritaria general en la primera semana de abril. El jueves último el ministro de Hacienda, Sebastián Veliz, pudo definir sin mayor conflicto el pago de este concepto con UPCN, quizás el gremio menos virulento de los empleados provinciales, por una suma de $2.800 en dos partes iguales. Mientras esto se firmaba en la cartera económica, ATE protestaba frente a Casa de Gobierno en contra de tal arreglo. "Necesitamos un paliativo real para hacer frente a la inflación y no una dádiva como la que se está dando", decían, aunque en el fondo eran conscientes de que no podían tensar demasiado la cuerda. 24 horas después, esos mismos sindicalistas se sentaron a la mesa de Véliz y del subsecretario de Hacienda, Ariel Luna, firmaron el pago de un paliativo apenas 200 pesos superior –que obviamente se hizo extensivo a los demás estatales- y lo celebraron como una gran victoria de la lucha de los trabajadores. La inflación, por lo visto, es un factor por demás subjetivo. Para los gremialistas de ATE, lo importante solo era lograr algo más que sus competidores en la pelea por el escenario.
Paralelamente, el Gobierno y los gremios docentes están muy cerca de cerrar la paritaria salarial 2018, que es en esencia la única discusión de fondo que tiene la cartera educativa con los sindicalistas del sector. Luego de dos meses de discusiones circulares, recién el miércoles pasado se vieron expresiones de conformidad en los rostros de los gremialistas: la patronal elevó la propuesta de incremento del 16,5% al 17,5% en el punto índice, y aceptó mejorar la primera de las dos cuotas, que del 9% inicial pasó al 10%. Según aclararon los funcionarios de Hacienda, se trata del máximo esfuerzo financiero que puede hacer la Provincia. Si las “bases” no dicen otra cosa, el lunes próximo las partes pondrían fin a esta instancia. El aumento salarial que pagará el Gobierno está más o menos en sintonía con el compromiso fiscal que firmó con la Nación, donde se fijó una pauta presupuestaria del orden del 15,7% para el año. Pero está bastante lejos de las pretensiones con las que llegaron algunos gremios a la mesa de diálogo. Pedían un aumento del 25%, aunque a sabiendas de que se trataba de un número que se reiteraba años atrás como una suerte de muletilla previa a cada discusión.
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Sin embargo, queda algo no menos relevante para resolver. Es el acuerdo de Consenso Fiscal que la Provincia firmó con la mayor parte de los municipios, pero aún le resta sumar el aval de media docena de intendentes radicales que piden dialogar más e incluir modificaciones en puntos que, según alegan, la Nación no obligó a firmar a la Provincia. Una de ellas es el pago del servicio de energía a la EC Sapem, un ítem que genera suspicacias en los casos de usuarios del interior que ni siquiera cuentan con un medidor de luz. No obstante, los intendentes son conscientes, al igual que los sindicalistas estatales, que no tienen mucho margen para el pataleo. De hecho, el jefe comunal Alejandro Páez, de Andalgalá, se mostró con un tono muy conciliador en reclamo de una mayor apertura oficial en el tratamiento de la contrapropuesta opositora. En todos estos frentes está debutando el ministro Véliz, quien quizás jamás imaginó que iba a arrancar al frente de la cartera económica con este nivel de conflictos. Hasta ahora no le fue mal.
