El plan de ajuste que impulsa el gobierno nacional bajo la supervisión estricta del FMI está causando un deterioro generalizado de la economía y afecta a todos los sectores de la sociedad, aunque a algunos más que a otros.
Los dos grupos etarios extremos de la sociedad son, además de los más sensibles, los más perjudicados por la política oficial. A tal conclusión puede arribarse no desde interpretaciones subjetivas, condicionadas por la perspectiva ideológica del análisis, sino desde los números, los datos duros de la economía.
Uno de los puntos centrales de la reforma previsional aprobada en diciembre del año pasado bajo fuertes y masivas protestas fue el cambio en la fórmula para el cálculo de los aumentos de jubilaciones y pensiones. Precisamente la incidencia de esa modificación ha sido determinante para ahondar la pérdida del poder adquisitivo del sector. El aumento en los ingresos previsionales será este año del 28.8 por ciento, mientras que la inflación en el mismo periodo se acercará peligrosamente al 50 por ciento. Es decir, la pérdida salarial en solo un año será de 20 puntos porcentuales, lo que significa que los que cobran la mínima perdieron en este lapso algo así como 18.000 pesos, monto que se puede multiplicar por dos, por tres o por cuatro en las jubilaciones medias y altas.
La nueva reforma previsional que alienta el Fondo y prepara el gobierno prevé el aumento de la edad jubilatoria: si prospera, los hombres empezarán a jubilarse a los 70 años y las mujeres a los 65. Otra iniciativa en estudio es la baja en la Prestación Universal para el Adulto Mayor del 80 al 70 por ciento de la jubilación mínima.
En lo que respecta al sector de la niñez, el presupuesto aprobado en el Congreso para el año que viene contiene un recorte de 130.000 beneficios de la Asignación Universal por Hijo y de 7.230 pensiones a madres de siete o más hijos.
Las partidas del Ministerio de Desarrollo Social contemplan una reducción del casi el 20 por ciento en los planes de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que afectará en la práctica la implementación de la ley respectiva, la 26.061.
La disminución en términos reales del presupuesto para el Sedronar pone en riesgo los programas de prevención de drogas dirigidos especialmente a adolescentes y jóvenes, y el fuerte recorte de más del 70 por ciento de los fondos para inversión en infraestructura escolar impactará negativamente en el derecho a la educación de los más chicos.
El ajuste en los programas de salud, finalmente, afectará de manera muy especial a niños y ancianos, que son sus principales beneficiarios.
La lista de repercusiones nocivas de las políticas de ajuste es mucho más larga, pero lo mencionado vale como ejemplo para ilustrar cómo afectan a dos sectores cuya vulnerabilidad se ha visto agudizada, cuando el deber del Estado es, en realidad, extremar los recaudos para contenerlos y protegerlos.
