Horas después de conocer la noticia del cierre de la fábrica Eyelit (ex Tileye) y la caída de medio centenar de puestos de empleo, la gobernadora Lucía Corpacci expresó: “Lamentablemente no los podemos absorber a todos en el Estado, por más que quisiéramos. Por eso tenemos que ver el modo de ayudarnos entre todos", además de quejarse porque a esos trabajadores “los echaron de la peor manera”, en alusión al hecho de que la empresa los obligó a adelantar vacaciones y firmó con ellos un acta en la que les garantizaba el trabajo al regresar. El desenlace fue todo lo contrario.
El sector textil ha sido el más castigado en esta crisis económica que atraviesa el país. En el último año se perdieron en Catamarca más de 250 puestos de trabajo solo en ese rubro. El Gobierno provincial haría hoy un pedido de conciliación obligatoria respecto a Eyelit, pero nada indica que las cosas puedan ser como antes.
Tal vez consiga mejorar un poco las condiciones de desvinculación laboral. Pero la cuestión de fondo se presenta inalterable: si una empresa decidió bajar el telón porque los números no le cierran, de nada sirven los reproches oficiales.
Con una economía que no ayuda, un Estado agotado como empleador y un sector privado librado a su suerte, a la provincia de Catamarca le están faltando políticas específicas para incentivar el trabajo y comprometer a las empresas con el futuro.
El gobierno de Córdoba, por caso, implementó desde hace un par de años una política de promoción del empleo que le está dando buenos resultados, en especial con dos de los programas destinados a jóvenes desocupados que buscan hacer sus primeras armas: el Programa Primer Paso y el Primer Paso Aprendiz.
El PPP tiene el objetivo de facilitar la transición hacia el empleo formal de jóvenes desempleados, a través de capacitación y entrenamiento en empresas con la finalidad de desarrollar conocimientos y habilidades similares a las que se requieren en un ámbito laboral concreto. Está destinado a jóvenes de 16 a 24 años y a personas con discapacidad o trasplantadas sin límite de edad, que estén desocupadas y residan en. El monto de la asignación es $ 4.500 mensuales por 20 horas semanales.
Mientras que el PPP Aprendiz es para jóvenes de 16 a 24 años que estudian o se capacitan en oficios, tanto en el sistema público como privado, y buscan una práctica formativa de trabajo en empresas. En este caso, la asignación $5.200 mensuales.
En ambos programas, las empresas hacen un aporte (cofinanciamiento) que va desde el 20 al 50 por ciento, de acuerdo con la cantidad de empleados que tengan. El resto lo financia la Provincia de Córdoba, que abre cuentas bancarias a los beneficiarios y les entrega una tarjeta de extracción. También se hace cargo de la cobertura de seguro por accidentes. Las empresas que participen de los programas deben cumplir una serie de requisitos, como tener empleados registrados y no sustituir empleados con los beneficiarios de los PPP.
Para el periodo 2018-2019, el gobierno cordobés dispuso un cupo de 15.000 beneficiarios entre ambos programas. Y son los estudiantes universitarios quienes más interés han puesto en el PPP Aprendiz, sobretodo porque además de ayudarlos económicamente para seguir sus carreras, les permite obtener una experiencia de trabajo en ámbitos afines para cuando se reciban y deban buscar empleo “en serio”.
Los aspirantes deben llenar un formulario y presentarlo en las oficinas de Empleo. El organismo que se encarga de enviar la información a las empresas inscriptas, y estas citan a los jóvenes –de acuerdo con el perfil puesto- y los entrevistan; se arma una preselección (este año fueron 40 mil), el gobierno realiza un sorteo para completar el cupo y notifica a los beneficiarios que deben presentarse en las empresas definidas para acordar el horario de trabajo.
La experiencia puede servir para Catamarca, que no cuenta con ningún programa oficial de incentivo del empleo joven. De hecho, los estudiantes secundarios y los universitarios solo pueden aspirar a becas o pasantías, pero solo en organismos oficiales. Si el Estado no da abasto con la planta que tiene, es hora de que abra el juego al sector privado. La peor receta política es no hacer nada con el flagelo de la desocupación.
