Pericias recién llegadas de Salta realizadas a los órganos del recluso Cristian Ariel Pereyra, quien murió tras descompensarse en la celda del Servicio Penitenciario provincial en agosto del año pasado, confirman que la causa fue una sobredosis de droga.
Noticias de este calibre deberían escandalizar, porque no cabe en el sentido común que en una penitenciaría, donde se supone hay medidas de seguridad extremas respecto del ingreso o egreso de determinados elementos, un interno pueda tener estupefacientes en cantidades suficientes como para provocarse la muerte.
Pero la información no perturba demasiado porque la circulación de droga en las cárceles argentinas es un lugar común, aceptados por todos, y de imposible resolución para las autoridades responsables de los sistemas penitenciarios y de la Justicia Federal, que se encarga de investigar las causas que se originan por este motivo.
Hacia fines del año pasado, poco después de la muerte de Pereyra, se detectó la presencia de droga en algunos reclusos. En uno de los operativos, se secuestraron 110 gramos de cocaína en el pabellón 10 Sur, y en otro se decomisaron 840 pastillas distribuidos en blíster de psicofármacos que estaban siendo fraccionadas por un interno, oriundo de la provincia de Tucumán.
Un análisis hecho por la Justicia Federal de Catamarca en 2012 determinó que había más de 100 causas por tenencia de droga en el Servicio Penitenciario de Miraflores. El Fiscal Santos Reynoso aclaró que la cantidad de droga que suele incautarse en las requisas pone en evidencia que el destino es la comercialización y no el consumo personal.
Por supuesto, se trata de maniobras delictivas para las que resultan imprescindibles cómplices externos y probablemente del propio personal carcelario, porque de otro modo no se explica cómo pueden los internos tener drogas en grandes cantidades.
“Deberían tomarse mayores recaudos en la visita de familiares a los internos, e incluso en la investigación del personal que se desempeña en el Servicio Penitenciario”, dijo en aquella ocasión el fiscal federal, pero al parecer tales controles no se volvieron eficaces en los años siguientes.
Las falencias han sido reconocidas incluso por el secretario de Seguridad de la provincia, Marcos Denett, que el año pasado admitió que “el servicio penitenciario tiene algunas falencias y debe estar vinculado a algún funcionario o guardiacárcel encargado del control de cada ingreso. Inclusive estamos viendo la posibilidad concreta de adquirir una escáner para el control, no solo de las visitas que van periódicamente a ver los internos, sino también para el propio personal policial”.
Si bien la adquisición de elementos que potencien la seguridad en la penitenciaría local es una acción necesaria, más lo es que exista una verdadera voluntad política para desbaratar las redes del delito que se tejen desde adentro mismo de la cárcel, y evitar las situaciones que parecen corroborar una clara connivencia entre los internos y un sector de los responsables de la penitenciaría.
