A partir de la celebración del quinto centenario del inicio de la conquista de América, los pueblos originarios fueron logrando progresivamente el reconocimiento de sus reivindicaciones ligadas a la valoración de su identidad, su cultura, sus demandas territoriales y sus derechos en general.
Esta reivindicación, incluso, logró plasmarse formalmente en una serie de leyes y en la Constitución nacional reformada en 1994, que afirma la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, además de reconocerle una serie de derechos.
Es cierto que la valoración de las comunidades originarias en las últimas décadas no siempre se ha traducido en acciones prácticas, pero hubo avances concretos y legitimación discursiva, incluso en los ámbitos oficiales.
Pero en el último año, desde distintos ámbitos, incluido el gobierno nacional, empezó a tener preeminencia un discurso solapado o abiertamente cuestionador de algunas de las reivindicaciones indigenistas.
Tal vez el puntapié inicial de esta perspectiva que atrasa varias décadas lo dio el ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, cuando mencionó como un ejemplo virtuoso la Campaña del Desierto, aquella operación militar de fines del siglo XIX que se convirtió en un genocidio de pueblos originarios en el sur del país.
Hoy, como consecuencia del conflicto mapuche en la provincia de Chubut, se ha instalado con fuerza la problemática de los pueblos originarios y los múltiples conflictos que se encuentran abiertos en distintos puntos del territorio nacional.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema estiman que son más de 200 los focos de conflicto abiertos en la actualidad (ambientales, territoriales, de violencia, desalojos, personería jurídica y criminalización), con un notable agravamiento en los últimos meses.
La directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, sostiene que “todos los gobiernos demostraron una persistente falta de voluntad en traducir las normas de la Constitución Nacional”, y que “históricamente, los líderes indígenas tenían una cantidad importante de denuncias, pero solían archivarse o caerse. Ahora, las causas son motorizadas y avanzan con cierta connivencia judicial y política. Hay muchas detenciones ilegales”.
Detrás de estas detenciones y de atropellos sobre las comunidades originarias se encuentran poderosos intereses privados, que ven a la tierra como un negocio y no como el territorio donde viven desde hace siglos esos pueblos y sobre los cuales ostentan derechos posesorios.
Los desalojos con los que se amenaza o los que se consuman, también son violatorios de la Ley 26.160, que suspende cualquiera de estas acciones hasta que se realice un relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, el que recién va por la mitad.
Más contundente aún en defensa de los derechos de los pueblos originarios es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que consagra, entre otros derechos de esas comunidades “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.