Las noticias de violencia policial contra ciudadanos se multiplican como hongos después de la lluvia en las crónicas policiales de los medios de comunicación de Catamarca. Pero así como aparecen a la superficie por la difusión que obtienen, desaparecen luego en los trámites en las oficinas de la Justicia y en los despachos administrativos de la propia Policía: los casos investigados a conciencia de apremios policiales se pueden contar con los dedos de una mano, aunque sean varias decenas por año las denuncias que los damnificados radican formalmente.
El resultado es un preocupante grado de impunidad que en la práctica funciona como incentivo para que los uniformados, algunos de los cuales parecen no tener las aptitudes psicológicas para tratar con ciudadanos, mucho menos para portar armas, sigan cometiendo atropellos.
Solo en las últimas dos semanas se han conocido cuatro denuncias de personas que dicen haber sido golpeadas o apremiadas por efectivos de la Policía provincial. El lunes se supo que un joven de 18 años tuvo que ser internado en el área de cuidados intensivos de un sanatorio privado con un grave daño en uno de sus ojos. Según la madre del joven, efectivos lo agredieron a la salida de un boliche sin que ninguna actitud de la víctima justificara el accionar violento de los policías.
Unos días antes, los padres de un adolescente de 16 años denunciaron a personal de la Comisaría Octava, pues efectivos motorizados de esa dependencia lo golpearon provocándole la fractura de un brazo, entre otras lesiones.
En Recreo, un hombre denunció que un policía de esa jurisdicción lo golpeó injustificadamente durante un operativo, y cerca de esa localidad, en San Antonio de La Paz, un joven aseguró que un grupo de policías lo agredió brutalmente con palos y golpes de puño, que le dejaron el rostro y el cuerpo marcados.
En todos los casos mencionados, los informes médicos corroboraron la versión de los denunciantes.
Los policías son –deberían ser- entrenados por el Estado, para, en primer lugar, prevenir la violencia, no provocarla. Y, bajo ese presupuesto, el mismo Estado les provee armas para disuadir hechos delictivos o violentos, y solo cuando éstos se han producido ya, utilizarlas razonablemente para ponerles fin a esos hechos o para repeler agresiones.
Pero es moneda corriente que los hechos de violencia comiencen por la inoperancia de algunos policías que erróneamente suponen que el Estado los ha armado y otorgado autoridad para utilizarla arbitrariamente, violentando incluso la normativa vigente.
Como ya se ha dicho, la impunidad abre la puerta para nuevos apremios. De modo que sería muy atinado que tanto la Justicia como las propias autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Policía apuren las investigaciones referidas a estas denuncias y castiguen a los culpables con fallos judiciales o medidas administrativas, según corresponda.
Y si hubiese denuncia infundada, que las pericias lo demuestren. Mientras tanto, los efectivos policiales, los denunciados y los que cumplen su tarea con seriedad y profesionalismo, están en estado de permanente sospecha.
