El próximo viernes 16 de septiembre se llevará a cabo la audiencia pública en el que el gobierno nacional deberá explicar con fundamentos técnicos las razones de los niveles de incrementos que pretende impulsar en el precio de gas para consumo domiciliario.
En esas instancias participativas, las organizaciones de la sociedad civil podrán también llevar sus aportes sobre la problemática, pero como las audiencias no son vinculantes, el gobierno puede aplicarlos o no.
Aunque lo más probable es que las autoridades decidan los aumentos del gas apelando básicamente a los cálculos de rentabilidad de las empresas y a la necesidad de reducir los subsidios estatales, deberían también atender algunas razones que en las audiencias se esgrimirán con el propósito de evitar distorsiones que afecten en demasía a actores sociales o económicos que no pueden afrontar los aumentos en los niveles que decidiría el gobierno.
En un momento económico en el que se advierte una parálisis preocupante en la producción industrial –la última medición del INDEC correspondiente a julio registra una caída de casi el 8% respecto del mismo mes del año pasado-, imponer a algunas empresas tarifas tres veces superiores cuando el gas constituye uno de los costos más relevantes, implica en la práctica condenarlas al cierre, con un costo social muy alto.
Esta reflexión es particularmente válida para las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas por la crisis imperante y al mismo tiempo las que no tienen espalda financiera para aguantar el momento en el tiempo de espera hasta que se vean mejoras en la actividad económica general, panorama que según el Gobierno se registraría recién el año que viene.
Si bien la audiencia pública del próximo 16 se tratará solo el incremento de la tarifa del gas, el Ejecutivo nacional deberá convocar también a una similar para debatir el aumento de la tarifa de la energía eléctrica. Es que la Corte Suprema de Justicia ya tiene el expediente del amparo por este servicio, y resolvería de la misma manera que lo hizo con el gas. Es decir, intimar al Ejecutivo nacional a que convoque, antes de cualquier aumento, a audiencia pública, y además fije un incremento razonable y justificado adecuadamente.
En la eventual audiencia por la tarifa eléctrica no debe estar ausente la voz de defensa de las economías regionales, en particular las que caracterizan a las provincias que dependen del agua subterránea, que se bombea con electricidad, para su producción agropecuaria.
Si no se gestionan y autorizan tarifas diferenciales las chances de sustentabilidad de los productores se reducen notablemente.
Como puede apreciarse, si bien para el gobierno las audiencias públicas pueden ser solo un trámite para destrabar los aumentos, está en la sociedad civil y sus organizaciones representativas la responsabilidad de que se transformen en verdaderos foros de discusión que puedan forzar políticas que contemplen necesidades de distintos sectores productivos, cuya viabilidad se ve seriamente comprometida si se aplican los aumentos de manera generalizada.
