Al desistir del desalojo del asentamiento Valle Hermoso, localizado en tierras fiscales a la vera del Río del Valle, el Gobierno descomprimirá un conflicto que nunca debió ser, en busca de reducir su alcance al exabrupto de un par de funcionarios. Es un retorno a la sensatez tras el extravío. La brutal forma en que se ejecutó una disposición judicial que dejaba en la calle y sin contención alguna a medio centenar de familias, de por sí lo había colocado en la vereda de la prepotencia; los detalles que fueron conociéndose luego terminaron de configurar el abuso y, sobre todo, la injusticia. Es accesorio que los desalojados carezcan de títulos de propiedad; lo sustantivo es que el asentamiento lleva una decena de años y que los derechos de sus integrantes comenzaron a ser reconocidos por el propio Estado, al proporcionarles servicios. La mayor parte de las humildes familias levantaron casas de material y prefabricadas, inversiones que han de haberles costado mucho esfuerzo, sin imaginar que el mismo Gobierno que, con actos concretos, las habilitaba a radicarse en el lugar pretendería despojarlas. Los motivos esgrimidos para erradicarlas, además, carecían de consistencia. Se alegó la necesidad de preservar la integridad del patrimonio público, por un lado, como si la permanencia de los vecinos en Valle Hermoso fuera a precipitar al Estado en la quiebra; otras contravenciones inmensamente más dañinas para el erario no merecieron ni merecen disposiciones tan terminantes.
La seguridad se sacudió por andarivel paralelo, con la pretensión de que se trata de "tierras inundables” y la supuesta atención prestada a las quejas de los vecinos de Villa Parque Chacabuco que tras el asesinato de Ramona Andrada atribuyeron el incremento de la inseguridad a un asentamiento, argumento este último más canalla por cuanto perseguía justificar el desatino estigmatizando a los desalojados como delincuentes y a la barriada como un aguantadero. En síntesis: un despropósito de cabo a rabo que empezó a desandarse el sábado a la noche, cuando a través del secretario de Vivienda, Fidel Sáenz, el Gobierno se hizo presente en el lugar para recibir sopapos y constatar "in situ” lo que estaba ocurriendo por obra y gracia de su Fiscalía de Estado y su Secretaría de Seguridad.
El tamaño del desacierto se hace más notorio en cuanto se advierte la contradicción medular que el desalojo compulsivo representa ante la política general que sigue el Gobierno en los casos de usurpaciones y asentamientos. Resulta que cuando las tierras pertenecen a privados, se las expropia, se abona a los propietarios las millonadas que haya que abonarles en compensación y se procede a la urbanización, pero cuando las tierras son del Estado, y por lo tanto el Estado no tiene que pagar nada por ellas, se desaloja sin miramientos en lugar de explorar soluciones políticas y sociales para los desalojados. El Concejo Deliberante capitalino, sin ir demasiado lejos, acaba de aprobar la expropiación de las tierras del barrio Magisterio, donde ya empezaron los trabajos de mensura. Vale decir que el desalojo ordenado a instancias de Fiscalía de Estado y la Secretaría de Seguridad impactaba directamente sobre un eje conceptual central del relato oficial: la respuesta a la demanda habitacional. Si se considera esto, el desenlace al que se asiste, con el regreso de las familias a sus hogares, era el único posible. Si el conflicto continuaba, no solo iba a crecer el conflicto específico de Valle Hermoso: el discurso social del Gobierno se desplomaría por la palmaria incongruencia entre las palabras y los hechos, como si al rancho se le quebrara la cumbrera.
