Hoy para y se moviliza la flamante "Unión Gremial en Acción”, en la que se agrupan diferentes representaciones sindicales del personal estatal, incluidos los docentes, para exigir la reapertura de paritarias a fin de discutir un nuevo incremento salarial, "ya que el que se acordó en el primer semestre –sostuvieron al anunciar la medida- quedó absolutamente desvalorizado”. Apuesta el frente gremial a generar un hecho político que quiebre la reticencia del Gobierno a hablar de aumentos salariales, aprovechando la inercia que la cuestión ha tomado a nivel nacional, donde la CGT, para no perder terreno frente a otras entidades, se apresta a la ofensiva. La eficacia de la arremetida local dependerá del volumen que consiga la convocatoria hoy y de su impacto en el funcionamiento de la administración pública. Los organizadores, como es lógico, estiman que será importante en ambos casos. Por el lado del Gobierno, el ministro de Economía, Ricardo Aredes, no pierde ocasión de recordar que un incremento, en las condiciones actuales, es inviable; la gobernadora Lucía Corpacci despliega el mismo libreto, aunque en un par de ocasiones ha sido menos taxativa en cuanto a la imposibilidad.
El hecho es que la administración catamarqueña siente, una vez más, el enorme peso de los gastos fijos asumidos en tiempos de arcas rebosantes de recursos, sin considerar cómo se sostendrían una vez que remitieran los ingresos de actividades que cesarían, concretamente la minería. Las estrecheces presupuestarias que a nivel nacional acotan el margen de maniobra para responder a las requisitorias de los sindicatos, son más rígidas en Catamarca por la sostenida caída de la renta minera. De acuerdo con el último Informe de Sostenibilidad de Minera Alumbrera, sus aportes fiscales a Catamarca y la Nación se derrumbaron un 80,7% en 2015, como consecuencia de la caída de las utilidades por las exportaciones y el ingreso en la etapa final del yacimiento. El año pasado, la Provincia embolsó por diferentes conceptos, entre ellos las utilidades de YMAD y las regalías, solo 128,3 millones de pesos. Para aquilatar la brutalidad del golpe, baste recordar que el Tesoro Provincial incorporó más de 10 mil millones de pesos –a valores actuales- entre 2004 y 2010: un promedio anual de $1.600 millones.
Esta merma de los ingresos mineros, para la que no hay solución a la vista, mucho menos con el fracaso de la política minera que ha venido a remacharse con el escándalo de CAMYEN, disminuye a su vez las alternativas para el uso de otros ingresos adicionales ordinarios que se han registrado, como ser la devolución de lo que el Gobierno nacional retenía a las provincias para financiar a la ANSES. Comprenderlo no demanda excesivos esfuerzos: cada peso que entra debe destinarse a cubrir los huecos que deja el retroceso de la renta minera, sea en los salarios o en los compromisos con contratistas y proveedores.
Tal es el angosto espacio que tiene para descomprimir la presión salarial el Gobierno de la Provincia, acosado simultáneamente desde el flanco de la crisis de la industria y el desempleo. La reedición de la Intersindical pondrá a prueba la muñeca política oficialista para evitar que el conflicto lo desborde y llegar al mismo tiempo a acuerdos sensatos, por un lado. Por el otro, la comprensión de los enclaves sindicales que alentó en los diferentes organismos públicos, que ahora se le juntan para desafiarlo en la calle, con paro y movilización.
