La ley de cupo femenino, que garantiza que un tercio de las bancas del Poder Legislativo sean ocupadas por mujeres, fue considerada durante mucho tiempo como un "mal necesario”. La gran mayoría de los ciudadanos, aunque no todos, reconoce que el acceso de las mujeres a las representaciones parlamentarias, y en general a los cargos directivos, públicos y privados, debería darse de un modo natural y no impuesto, pero como eso no sucede en la práctica, la obligación a través de una norma es un paso inevitable.
La prueba de que no hay tal evolución natural hacia la igualdad se puede encontrar en las estadísticas. Pese a que las mujeres representan el 60% de los egresos de las universidades nacionales y han adquirido gran inserción en sus profesiones, son pocas las que ocupan cargos gerenciales clave. Un informe elaborado hace unos años denominado "Sexo y Poder” indica que de diez puestos de máxima decisión en las áreas política, económica y social, solo dos estaban ocupados por mujeres. En sindicatos y empresas, el porcentaje desciende a un cinco por ciento.
Ahora se discute en los ámbitos políticos una propuesta denominada "paridad de género”, que establece que el cupo no debe ser de un tercio de los cargos, sino de la mitad.
A diferencia de lo que sucede con el cupo vigente, que fue aceptado mayoritariamente, el "nuevo cupo” ha despertado mayores polémicas.
Algunos argumentos en contra del cupo femenino son rebatibles, pero otros en contra de la ley de paridad de género abren debates aún no saldados, que bien deberían practicarse sin prejuicios ni sectarismo de ningún tipo.
El cupo, desde que entró en vigencia hace más de dos décadas, ha demostrado que las mujeres legisladoras no ingresan solo por el hecho de ser mujeres, sino porque tienen condiciones para realizar un buen trabajo. De hecho, ostentan niveles educativos similares o superiores que sus pares varones, y durante el ejercicio de su mandato desarrollan tareas de la misma eficacia y compromiso que los hombres. Es decir, se puede ser un buen o mal legislador independientemente del género.
De todos modos, elevar el cupo al 50% significaría, para una visión que debería considerarse razonable, normar en demasía la conformación de las listas de candidatos, y agregaría motivos adicionales a los ya existentes para tornar más complejo el armado de los postulantes. Si ya es harto difícil equilibrar las fuerzas políticas internas en cada partido, más lo será diseñar boletas con igual número de hombres y mujeres.
El desafío es, tal vez, normar lo justo y necesario, y generar otro tipo de acciones y políticas que favorezcan la inserción real de las mujeres, no solo en cargos políticos, sino también en los puestos dirigenciales de otros ámbitos públicos o privados.
Legislar en demasía, forzando situaciones, a veces conspira con la fluidez del curso de los acontecimientos y se erige en un obstáculo, desvirtuando el propósito con el que las normas fueron concebidas.
