10 de septiembre de 2016 - 04:13
No son buenos tiempos los que vive la Justicia en la Argentina en esta coyuntura de excesiva judicialización de la política y preocupante politización de la Justicia.
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Los caminos de la República
No son buenos tiempos los que vive la Justicia en la Argentina en esta...
Hay, entre la dirigencia política, una verborragia desmedida que apunta a los magistrados, tildándolos de determinada filiación política según el sentido de sus fallos.
Todos los magistrados tienen sus propias ideas políticas, sus maneras de ver el mundo, su ideología. Sería ingenuo pensar lo contrario. Pero de ninguna manera la cosmovisión del mundo que cada juez o fiscal tienen puede condicionar en sentido de sus resoluciones.
El kirchnerismo ha acuñado la expresión "Partido Judicial” para referirse, de una manera despectiva y con innegables intencionalidades políticas, a un amplio sector de la Justicia que, desde su perspectiva, ha encarado una persecución contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la investigación de numerosas causas de corrupción que la tienen como imputada a ella y a exfuncionarios de su gestión.
También cuestionan a magistrados a los que acusan de "cajonear” las causas contra los actuales funcionarios.
Pero sectores cercanos al actual oficialismo nacional, lejos de establecer diferencias claras con esta postura, la han emprendido también contra magistrados que no fallan de acuerdo con lo que, entienden, se ajusta a derecho.
El pasado jueves, un grupo de personas entre las que se cuentan periodistas, dirigentes políticos y empresariales, abogados e intelectuales publicaron una solicitada en el diario La Nación a través de la cual solicitan la destitución del juez Daniel Rafecas por "manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura”.
Como se sabe, Rafecas rechazó reabrir la investigación de la denuncia contra la exmandataria nacional iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por el presunto encubrimiento al atentado a la AMIA.
También se lo acusa de haber demorado la investigación en contra de José López por enriquecimiento ilícito, que ya tiene ocho años.
Hay que señalar, sin embargo, que dentro del macrismo hubo voces discordantes con esta estrategia, como las del propio presidente provisorio del Senado, Federico Pinedo, que al respecto señaló: "Si te parece que (Rafecas) hizo mal, hacé un pedido de juicio político como se hizo con Norberto Oyarbide y listo. Tenemos que garantizar que las instituciones funcionen. La destitución de los jueces se pide en el Consejo de la Magistratura y no por los diarios".
La posición de Pinedo aparece como muy razonable. Es necesario recorrer los caminos institucionales, los caminos de la República, para determinar, con rigurosa transparencia e independencia, lejos de los intereses sectoriales que contaminan las decisiones, si un magistrado ha actuado apartándose del derecho vigente por negligencia, ignorancia o mala fe. En ese caso, existen los mecanismos legales para su destitución.
Pero deberá haber causales bien fundamentadas y probadas, pues de otra manera se correrían serios riesgos de que el principio republicano de la independencia de poderes se vez herido de muerte en nuestro país.
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