El centralismo en el ejercicio del poder, que no existe en el texto constitucional pero sí en la práctica política de la Argentina, es un estigma de la época. La democracia recuperada en 1983 no ha podido resolver el déficit de autonomía que padecen los Estados provinciales. Peor aún, la dependencia respecto del poder central se ha ido profundizando hasta alcanzar, en la actualidad, niveles asfixiantes.
Las paritarias docentes son una prueba de ello. Ninguna provincia pudo avanzar demasiado en las negociaciones con los gremios docentes hasta que el Gobierno nacional, que no posee sistema educativo, acordó la suya.
Pero hay muchos más emergentes de esta realidad oprobiosa. En estos días se suceden numerosas reuniones entre representantes de las provincias –gobernadores, ministros, legisladores, intendentes- y funcionarios nacionales. La preocupación de los representantes de las jurisdicciones respecto de cierta paralización que se registra en la actividad económica en el interior del país solo puede encontrar respuestas en los despachos oficiales del gobierno central.
Es que un altísimo porcentaje de las políticas que se aplican en las provincias dependen del financiamiento nacional. Si desde Buenos Aires no hay voluntad política para girar los fondos que activen la paralizada obra pública o regularicen el funcionamiento de programas sociales, culturales, de salud, educativos o productivos, los gobernadores e intendentes deberán limitarse a administrar la pobreza con los escasos fondos de los que disponen por coparticipación federal o recaudación propia.
La retracción de la actividad económica impacta en los montos coparticipables y en la recaudación de los tributos locales, y el Fondo Federal Solidario se ha debilitado por la baja en las retenciones a las exportaciones de soja dispuestas por la gestión de Mauricio Macri a pocos días de asumir la presidencia.
En el caso de Catamarca, el panorama preocupante se completa con una ostensible disminución de la percepción de los recursos provenientes de la minería por el progresivo cierre del yacimiento de Bajo de la Alumbrera.
En este contexto de dificultades financieras, las autoridades de las jurisdicciones provinciales apuestan a reunirse con funcionarios nacionales e intentar destrabar fondos demorados o conseguir nuevos. La administración macrista ha mostrado predisposición para abrir las puertas de sus oficinas, aunque falta ver si esa buena voluntad se traduce en resultados favorables para las gestiones encaradas por los gestores provincianos.
De todos modos, el desfile de intendentes de remotas localidades por los pasillos de los ministerios nacionales es prueba concluyente de que el federalismo es más proclama de campaña o letra muerta de las leyes y la Constitución que realidad palpable.
Implicancias políticas
Es problema, que observado desde una perspectiva lineal es sólo de índole económica, posee fuertes connotaciones políticas. Es que la dependencia económica de las provincias respecto del Gobierno central, debilita sus autonomías.
Y esa subordinación de un nivel de gobierno sobre otro habilita al establecimiento arbitrario de los criterios de distribución de los recursos, lo que a su vez genera discriminación, generalmente anclada en razones de identificación política, y obliga al disciplinamiento para obtener la concesión de "favores”, que en realidad son derechos.
La tendencia hacia la concentración de los recursos en el Gobierno central, que ha sido una constante a lo largo de la historia argentina, se acentuó de manera notable durante el gobierno kirchnerista. Pero el cambio de signo político de la administración nacional, operado el diez de diciembre, no ha dado muestras, al menos hasta el momento, de una modificación de ese paradigma.
Ya se sabe que la decisión de devolver a las provincias, en un proceso gradual que durará un lustro, el 15% que se les retiene de la coparticipación para financiar el presupuesto de la ANSES, no ha sido una generosa concesión del Gobierno nacional, sino el resultado de una negociación política, forzada por el massismo y aceptada por el oficialismo para lograr que la devolución de esos fondos sea gradual.
Si bien no deja de ser una buena noticia para las provincias, la aspiración de la mayoría de los gobernadores es que esa devolución no sea a tan largo plazo. En ese contexto, resulta justificada la decisión de Catamarca, anunciada por Lucía Corpacci el pasado viernes, de no retirar de la Corte Suprema de Justicia la demanda contra la Nación por la cual se solicita la inmediata restitución de esos fondos.
Débil representación
La preeminencia de la Nación por sobre las provincias tiene su correlato secundario en la disparidad entre las propias jurisdicciones sub-nacionales. Es decir, hay provincias que por distintas razones, entre las que pueden contarse la cantidad de habitantes, la extensión territorial y la capacidad o potencialidad productiva, tienen una incidencia mayor que otras.
La población se traduce, en tiempos electorales, en cantidad de votantes. Y provincias como Catamarca significan poco o nada porque su incidencia en los comicios presidenciales es casi nula. Hay municipios de la provincia de Buenos Aires que poseen la misma cantidad de electores que varias provincias reunidas. A la hora de las gestiones en los despachos nacionales, esa insignificancia electoral es una enorme restricción para encontrar las respuestas que se buscan.
Hasta la reforma constitucional de 1994, el presidente de la Nación se elegía en Colegio Electoral en el que todas las provincias tenían el mismo número de representantes, como sucede actualmente en la Cámara de Senadores. Desde aquella modificación, el debilitamiento político de las provincias chicas ha sido notorio.
La experiencia histórica indica que para modificar esta tendencia hacia el debilitamiento de la autarquía –y por ende la autonomía política- de las provincias, no deberán esperarse graciosas concesiones del Gobierno central.
Será responsabilidad de los gobernadores y los legisladores nacionales de cada jurisdicción diseñar las estrategias políticas orientadas a la recuperación de las atribuciones que el sistema federal le otorga a las provincias.
No será empresa fácil si entre aquellos actores, en especial los legisladores, se continúan privilegiando lealtades políticas partidarias por sobre la defensa de los intereses locales o regionales.
La buena noticia es que los tiempos de crisis de las finanzas públicas, como los que se viven, son los más propicios para encarar con éxito la necesaria transformación de los paradigmas que rigen la lógica de la relación entre el poder central y las provincias.
