Los trabajadores que desempeñan sus tareas en dependencias del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, han quedado colocados bajo la lupa de la sociedad.
Los trabajadores que desempeñan sus tareas en dependencias del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, han quedado colocados bajo la lupa de la sociedad.
Las prácticas políticas clientelares incluyen, entre una de sus variantes, el nombramiento masivo de personas en planta permanente de las plantillas de agentes públicos como recompensa por favores políticos. Y muchos de esos nombramientos se realizan en las etapas de transición política, cuando el que gobierna se va y le deja el lugar a otro gobernante.
Es una generalización malintencionada presuponer que todos los empleados que han logrado estabilidad laboral a golpe de un decreto, días antes de que el funcionario saliente deje su cargo, son "ñoquis”. Es más bien un argumento al que apela el funcionario que llega y que quiere desprenderse, también a golpe de decreto, de trabajadores cuya presencia significa una carga salarial difícil de afrontar.
Pero hay que decir que así como sería de necios ignorar la presencia de ñoquis o, peor, militantes rentados, en las oficinas públicas, también lo es no considerar que entre los empleados estatales nombrados a último momento hay trabajadores que honran su trabajo y cumplen de manera eficiente con la tarea que se le encomiendan.
Si nos detenemos en estos trabajadores –no en los militantes rentados, cuya existencia es innegable- es justo decir que se ven doblemente perjudicados. En primer lugar, porque durante muchos años –se han conocido casos de precarizados de 12 años de antigüedad- estuvieron aferrados a contratos de servicio o becas sin garantías de estabilidad alguna, y con sueldos y beneficios muy inferiores a los de los trabajadores permanentes. Y en segundo lugar, porque cuando fueron nombrados en planta son estigmatizados como "ñoquis” y dados inmediatamente de baja.
Por eso los despidos indiscriminados son injustos: no plantean una diferencia entre ñoquis y trabajadores precarizados premiados con su ingreso formal al estado. El gobierno que recién comienza argumenta que son todos militantes, y el gobierno que se fue explica que son todos trabajadores que merecen ser reconocidos como tal y su situación regularizada. Y ambas son verdades a medias. Y, consecuentemente, también mentiras a medias.
La superpoblación de empleados en las distintas áreas de la administración pública es un fenómeno de larga data. Se superponen en el Estado, como si fuese una cebolla, capas de empleados que ingresaron con cada administración. Barrer con los últimos nombrados, sin saber si cumplen funciones o no, es una salida fácil que no soluciona el problema.
Modernizar el Estado implica un análisis racional de los recursos –entre ellos los recursos humanos- con los que se cuenta y distribuirlos de la mejor manera al menor costo posible. Determinar quiénes trabajan y quiénes solo cobran el sueldo sin prestar servicio puede llevar su tiempo, pero es una tarea necesaria. De lo contrario, despidiendo al voleo, se corre el riesgo de prescindir de trabajadores comprometidos solo porque fueron incorporados a planta en los últimos meses, y preservar a ñoquis por la única razón que gozan de mayor antigüedad en la nómina del personal estatal.