El nuevo secretario de Seguridad de la provincia, al que tanto le gusta aparecer en los medios de comunicación como un funcionario activo e involucrado en los asuntos de la fuerza que comanda políticamente, haría bien en ordenar que a la brevedad se investiguen a fondo las graves denuncias contra la Policía que se han formulado en los últimos tiempos.
Hace menos de dos meses, en este mismo espacio editorial, se enumeró una decena de casos de imputaciones contra efectivos policiales por graves casos de apremios ilegales cometidos solo en el transcurso de 2015. En los últimos años ese tipo de denuncias, radicadas formalmente o dadas a conocer a través de los medios de comunicación, superan el centenar. Pero, salvo contadas excepciones, no se ha conocido si las investigaciones judiciales o los sumarios internos arrojaron algún tipo de resultado.
Ahora es una repartición del propio Estado, la Dirección de Derechos Humanos, la que ha solicitado se informe si la Policía provincial utiliza picanas eléctricas para torturar o reprimir a ciudadanos. Si todo apremio ilegal constituye una aberración, más lo es el uso de este tipo de instrumentos por su fuerte connotación simbólica: se sabe que fue intensamente utilizado por la dictadura militar en los centros clandestinos de detención, en el período más oscuro de la historia argentina.
Hay varias denuncias radicadas en el ámbito de la Justicia penal que aseguran que efectivos policiales atacaron a mujeres, adultos y adolescentes con picanas, elementos que están prohibidos por el Estatuto Policial y el protocolo de procedimiento de la fuerza.
El caso más grave de todos es el de dos mujeres artesanas detenidas y presuntamente torturadas en una dependencia policial. Como señaló este diario, ambas mujeres fueron detenidas de manera arbitraria mientras trabajan sobre Peatonal Rivadavia y llevadas hasta la comisaría Primera. En ese lugar, a una de ellas, quien tiene una criatura de un año y meses y aún le da de mamar, la torturaron con la picana colocándosela en los pechos y también en la vagina.
Al parecer, la práctica ilegal habría sido incorporada por efectivos policiales de las nuevas camadas.
Así como es criticable la pasividad de las autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad respecto de estas denuncias, resulta digno de destacar la actitud de la Dirección de Derechos Humanos, que alertada sobre la posibilidad de que este tipo de apremios exista en la fuerza de seguridad, ha decidido involucrarse y recabar información.
Además, esa repartición aconsejó a las mujeres presuntamente apremiadas que presenten un recurso de hábeas corpus preventivo. Y decidió que en los próximos días se coloque en la página web de la Dirección dos modelos de hábeas corpus, uno preventivo y otro correctivo. El objetivo es que la gente pueda bajar el formato y llenarlo con sus datos para luego presentarlo ante las autoridades.
El hábeas corpus es una institución jurídica que busca "evitar los arrestos y detenciones arbitrarias", asegurando los derechos básicos de la víctima y ser escuchado por la justicia y poder saber de qué se le acusa.
Es de esperar que la Secretaría de Seguridad se sume a este afán esclarecedor y arbitre las medidas necesarias para desterrar estas prácticas condenables y llevar a los eventuales culpables al banquillo de los acusados.
