martes 30 de junio de 2026
EDITORIAL

Cruzadas individuales y narcotráfico

Dos episodios conocidos en los últimos días alertan sobre la gravedad del crecimiento del poder narco en la Argentina....

Por Redacción El Ancasti

Dos episodios conocidos en los últimos días alertan sobre la gravedad del crecimiento del poder narco en la Argentina.

En la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, dos sujetos ingresaron en el domicilio de un director de una radio, y tras perpetrar un robo violaron a la esposa del periodista.

Según el dueño de casa, el episodio no fue un hecho común de inseguridad, sino un "mensaje mafioso” por las constantes denuncias que formula desde la radio contra el narcotráfico en esa localidad y zona de influencia.

La policía del lugar atrapó a luego a dos personas que serían los autores. Según el periodista, los autores del ataque son vecinos, y "todo el mundo sabe que venden droga”.

Al parecer, actuaron con tanta impunidad porque estarían protegidos por los efectivos policiales de la comisaría de la zona. Los mismos sujetos una semana antes habían perpetrado otro asalto y si bien fueron atrapados, recuperaron la libertad rápidamente.

El otro caso fue denunciado por un dirigente social de la Villa 20 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y milita en el Frente Popular Darío Santillán. Según su versión, un grupo de narcotraficantes baleó su casa. Cuando formuló la denuncia, los efectivos que la recibieron le habrían confesado que tienen las manos atadas para perseguir a estas bandas del crimen organizado porque si los atrapan luego los jueces los liberan.

Este dirigente atiende un comedor en la villa y predica incansablemente contra las organizaciones delictivas y para que los jóvenes se alejen de las drogas.

Como decíamos al comienzo de esta nota, son dos casos de resonancia pública ocurridos en los últimos días, pero no son aislados. Por el contrario, se advierte cierta recurrencia en los episodios.

El que denuncia el accionar de las bandas delictivas de este tipo, el que milita en contra del flagelo de la droga está expuesto permanentemente a la represalia de sujetos muy peligrosos, que además de contar a su favor con recursos operativos puestos al servicio de prácticas delictivas y la experiencia en el uso de métodos violentos, dispone también, de acuerdo con lo que se puede inferir, con la protección de las fuerzas de seguridad o la justicia, que deberían amparar al ciudadano común y no a los delincuentes.

La impunidad de la que gozan, comprada probablemente con los recursos adquiridos ilegalmente, los torna, en cierto modo, inexpugnables, acrecentando al mismo tiempo la vulnerabilidad de la gente honesta que decide denunciar lo que pasa.

Algunos hechos de estas características se han revelado, asimismo, en nuestra provincia.

Las cruzadas individuales deben mencionarse como una muestra de coraje muy dignas de destacar, pero no parecen recomendables por la propia seguridad de quienes las protagonizan y su entorno afectivo.

La colaboración ciudadana debe ser muy acotada y anónima, en todo caso. Es el Estado, claramente, a través de los recursos de prevención y represión de la ilegalidad con los que cuenta, el que debe asumir el combate decidido contra las organizaciones delictivas, generando al mismo tiempo las políticas de protección de la población que aspira a vivir en una comunidad pacífica y regida por normas que todos respeten.

 

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