El tribunal penal de San Rafael dictará mañana la sentencia contra Julieta Silva, acusada de atropellar y matar a quien era su novio, el rugbier Genaro Fortunato, a la salida de un boliche en la provincia de Mendoza, el 9 de septiembre del año pasado.
Silva llegó al juicio oral cumpliendo prisión domiciliaria, y está acusada por los delitos de "homicidio culposo agravado" y "homicidio simple con dolo eventual".
La semana pasada, el fiscal Fernando Guzzo solicitó la pena de 14 años de prisión efectiva para la imputada, mientras que la querella reclamó una condena de 20 años de cárcel.
El fiscal Guzzo consideró el atenuante del estado de emoción violenta, y le solicitó al Tribunal que, al momento de dictar la sentencia, la acusada "deje de manera inmediata los alcances de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria y ordene la internación en un establecimiento carcelario".
Mientras, el abogado querellante Tíndaro Fernández, representante de la familia de la víctima, le pidió al tribunal que a Silva se la condene por el delito de "homicidio simple con dolo".
Como alternativa, y según trascendió, Fernández solicitó al Tribunal que condene a la imputada a la pena de 20 años de prisión y en el mismo sentido que el fiscal, que se le revoque la prisión domiciliaria.
En tanto, este último viernes, Alejandro Cazabán, el abogado de Silva pidió para ella la absolución, y consideró ante el Tribunal "una falta de respeto" que el Ministerio Público Fiscal haya pedido sumar el agravante del vínculo cuando "ya habían declarado todos los testigos" y consideró que "habría que repetir todo el proceso".
"Se ha criticado mucho a Silva como conductora y como mujer, en su vida personal. El dolo debe ser probado con certeza absoluta.
Lo único que he escuchado son pareceres, en los testigos y en los alegatos", sostuvo el letrado.
Silva, que es dueña de un local de ropa y tiene dos hijos varones menores de edad, podría recibir del Tribunal integrado por los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y la jueza María Eugenia Laigle una pena 14 años, tal como lo solicitó el fiscal, o de 20, como lo pidió la querella.
