Por el acuerdo con el FMI

Prevén caída del PBI, aumento del desempleo y mayor endeudamiento

Los términos del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional anticipan graves consecuencias sociales y macroeconómicas, según lo reconoce el propio organismo.
martes, 24 de julio de 2018 · 08:20

El cierre del déficit fiscal primario para 2020, en caso de que todo salga según lo prevé el Gobierno, tendrá un costo importante en términos de otras variables macroeconómicas relevantes: el PIB per cápita podría terminar 2019 con una baja de hasta el 2,5 por ciento en relación a 2015, mientras que la inversión lo haría con una merma del 0,7 por ciento; la cuenta de pago de intereses de deuda sería de 3 puntos del PBI, cuando en 2015 era de 1,5 punto y los empleados públicos sufrirán en dos años y medio una caída del poder adquisitivo de 18 puntos.

En tanto, el ratio de deuda externa en relación al PBI cerrará 2019 casi 25 puntos por sobre los niveles del año 2015 teniendo en cuenta el escenario más optimista en cuanto a crecimiento y tipo de cambio. Estos cálculos fueron elaborados por la Universidad nacional de Avellaneda en base a las evaluaciones y proyecciones de los técnicos del Fondo.

El reporte del FMI plantea dos escenarios en materia de crecimiento. El cuadro optimista prevé que entre 2015 y 2019 la economía crezca un 3 por ciento, lo cual implica una baja del 1 por ciento “per cápita”. La variante pesimista, que el propio Fondo considera, supone que el PBI no alcance el nivel de 2015, con una baja per cápita del 4,2 por ciento. Con este nivel de estancamiento económico es improbable una mejora distributiva. 

La desocupación subiría, en la visión optimista del Fondo, una décima de punto porcentual por año, hasta el 8,6 por ciento en 2019. La desmejora del empleo se explica por el fuerte ajuste en el sector público, junto a la retracción del empleo en el sector de comercio, guiada por la baja del consumo y la continuidad en la caída del sector industrial. El avance relativo del agro y el sector financiero no llegaría a compensar la cuenta.

El acuerdo ofrece un claro desmejoramiento de las condiciones socio-económicas, que se monta sobre la base de un escenario más endeble que años atrás. A la par del cuadro de empobrecimiento general, la sostenibilidad del frente externo se vería deteriorada.

“El problema estructural de la Argentina es la falta de divisas. El déficit de cuenta corriente creció en grandes proporciones en los últimos años y no se prevé ni gran crecimiento ni grandes flujos de Inversión Extranjera Directa. Así, la variable de cierre del déficit externo será un mayor endeudamiento, dejando una proporción de deuda externa/PBI casi 25 puntos porcentuales mayor”, detalla la Universidad de Avellaneda. Así, la deuda externa total como porcentaje del PIB pasaría del 27,9 por ciento en 2015 al 52,6 por ciento en 2019, a la par de una suba en el riesgo país, que mide la sobretasa de los bonos nacionales frente a los emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cabe aclarar que el porcentaje será mayor si no se cumple la meta de crecimiento o si sigue subiendo el dólar por encima de la inflación.

Entonces, el gran (y único) objetivo de la administración de Cambiemos es bajar el déficit fiscal, anotado como el gran mal de la economía nacional. Para alcanzar ese objetivo la herramienta es un fuerte ajuste sobre el gasto público a través de varias vías que el Gobierno se comprometió a seguir. Continuará la baja de subsidios a la energía y el transporte, en línea con la estrategia del Gobierno desde el comienzo de la gestión.

El FMI solicita un recorte por parte del Estado en bienes y servicios (entre los cuales pueden entenderse los contratos informales en el Estado) en torno al 15 por ciento en términos reales este año y en 2019. También se exige la expulsión del Estado de “empleados no prioritarios” y el congelamiento en los ingresos de empleados para los dos años siguientes.

El reporte indica que no se aumentará más de un 8 por ciento los salarios de trabajadores estatales entre junio de 2018 y junio de 2019. El Fondo pide una reducción de las partidas direccionadas a las empresas públicas en un 15 por ciento en 2019 y un ajuste de las transferencias a las provincias en un 1,2 por ciento del PBI. El Gobierno intentará llevar a cabo todos estos puntos. En cambio, se negó a suspender la rebaja de retenciones y todavía no se sabe si frenará la reducción de cargas patronales.

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