El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer la indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien acusó de presunto fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y otros delitos, por la compra irregular del edificio central donde funciona el organismo que conduce, en 2013.
En tanto, el abogado de Gils Carbó, Alejandro Rúa, solicitó en paralelo que la jefa de los fiscales sea sobreseída, al considerar que la causa se inició con una denuncia anónima cuyo contenido quedó "descartado" durante la investigación. El pedido de indagatoria había sido anticipado en las últimas horas, pero se concretó este martes ante el juez Julián Ercolini, quien evaluará ahora el dictamen de Taiano y decidirá si cita como imputada a Gils Carbó por la compra del edificio de la calle Perón 667, en Capital Federal, por la que se pagó unos 43,8 millones de pesos.
El pedido de citación se produce en medio de la presión que ejerce el Gobierno Nacional para desplazar del cargo a la procuradora, a quien acusa de ser partidaria del kirchnerismo, y luego que la propia Gils Carbó anunciara públicamente que no se irá del organismo aún si el presidente Mauricio Macri firma por decreto su expulsión.
"El conjunto de la prueba recibida en la instrucción (...) ha permitido también descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento", sostuvo Rúa en su presentación. La causa contra Gils Carbó se inició este año a raíz de la compra de ese edificio a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados y en cuya operación intervino el intermediario Juan Carlos Thill, al que se le pagó casi 3 millones de pesos de comisión, y que es medio hermano del número dos del área de contrataciones de la Procuración General de la Nación.
Se trata de Guillermo Bellingi, quien fuera apartado de su cargo como subdirector general de la Procuración tras la denuncia y la apertura de una investigación interna en el organismo. De acuerdo a denuncia, la compra del edificio estuvo digitada desde antes de hacerse pública la oferta y se intentó beneficiar a determinadas empresas y personas con el pago de comisiones. La venta la realizó la empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asesores Inmobiliarios cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, en tanto que unos 3 millones se llevó Thill también bajo el mismo concepto.
Por ello, el pedido del fiscal de citaciones a indagatoria también abarca a Bellingi, Thill, Héctor Zurita, Jorge Domanico, Osvaldo Leguizamón, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián Marcelo González Fischer, Pedro Antonio Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino.
Según surge del expediente, el 1 de marzo de 2013 Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora inmobiliaria para la venta del edificio de Perón 667. "Los funcionarios públicos involucrados han participado en la comisión de hechos delictivos", afirmó el fiscal.
OPERATORIA
La funcionaria judicial habría incurrido en irregularidades con la compra de un edificio, por el que se pagó $43,3 millones, a través de una triangulación con otros funcionarios y una inmobiliaria.