La información sobre los sobornos pagados por la firma Odebrecht en la Argentina deberá atravesar una compleja encrucijada político-jurídica antes de desembarcar en nuestro país. La Procuraduría General de Brasil hizo ayer pública por primera vez su exigencia: el material sólo llegará hasta la Argentina si las autoridades se comprometen a no iniciar procesos judiciales contra los ejecutivos de la empresa que brindaron la información.
En la práctica, la exigencia pronunciada ayer en conferencia de prensa por Vladimir Aras, el secretario de Coordinación Internacional, hace "casi imposible" que se llegue a un acuerdo, confesó una fuente judicial tras el encuentro que duró poco más de dos horas. La reunión fue tan introductoria que los brasileños ni siquiera llegaron a plantear este requerimiento en el diálogo entre las partes.
Pero el fiscal brasileño fue muy didáctico ante los periodistas. "Voy a poner el ejemplo concreto de lo que ocurrió con Cabo Verde, cuya legislación no permitía el acuerdo de lenidad", dijo.
Ellos -explicó- pusieron por encima del cumplimiento de las leyes de su país a la convención contra la corrupción de las Naciones Unidas, "a la que adheríamos ambos países".
Esa convención de la ONU -continuó- permite a los países con problemas en su legislación como Cabo Verde o la Argentina respetar el acuerdo firmado entre Brasil y los empresarios que incluye la cláusula de "lenidad" que garantiza inmunidad judicial para los ejecutivos que pagaron sobornos.
Sergio Rodríguez, el fiscal que encabezó la delegación argentina, expresó el contrapunto en diálogo con LA NACION: "La convención de la ONU prevé que los países pueden avalar los acuerdos firmados en otros países siempre que respeten su ordenamiento legal interno. Tenemos que analizarlo conforme a nuestras leyes porque el acuerdo que firmaron con Odebrecht no es coincidente con nuestro sistema".
Después de este desencuentro, los fiscales argentinos regresaron anoche a Buenos Aires, a la espera de una convocatoria para un nuevo encuentro en las próximas semanas.
¿Por qué el acuerdo es impracticable en estas condiciones? Porque la legislación argentina exige a los fiscales perseguir siempre a los individuos que cometen delitos, es decir, iniciarles procesos más allá de su colaboración con la Justicia.
La ley del arrepentido, única herramienta para este tipo de casos, presenta otras limitaciones, como una reducción de la pena hasta la mitad, pero siempre con una acción judicial contra el delator que, en este caso, serían los empresarios que le pagaron los sobornos a los funcionarios argentinos.
La reunión tuvo otros ejes. Se analizaron, en primer lugar, los pedidos realizados por fiscales y jueces argentinos para obtener la información; todos están activos y son analizados en este momento por los funcionarios brasileños, informaron fuentes judiciales.
Pero cuando llegaron al tema de Odebrecht, los brasileños sólo brindaron información introductoria. Ni siquiera mostraron a los argentinos los acuerdos de "delación premiada" que generaron el 99% de la información sobre la investigación del Lava Jato en Brasil.
En esas declaraciones, además, aparecen varias menciones a las operaciones ilegales realizadas en la Argentina. La compañía brasileña ya confesó ante la justicia de Estados Unidos que pagaron al menos U$ 35 millones de sobornos en nuestro país.
El fiscal Aras aclaró ayer que 16 de los 77 ejecutivos que se sometieron a la "delación premiada" mencionaron a otros países.
Recién esta semana su equipo analizará esas declaraciones para enviar el fragmento correspondiente a cada uno de los países que acordó la cooperación con la procuración brasileña.
Para la Argentina, esta fecha será determinante porque una vez que el material esté listo, los fiscales argentinos volverán a reunirse con sus pares brasileños. En ese encuentro se prevé que hablarán sobre los términos específicos en que puede ser liberada la información.
Los fiscales argentinos ya estudiaban todas las posibilidades, aunque remarcaron la complejidad del asunto que, todavía no está claro cómo ni quién debería plantearlo, en el caso de que se aceptaran las condiciones de Brasil que ofrece un beneficio extraordinario para los ejecutivos de la empresa.
Tampoco dejaron en claro si el acuerdo incluye, además del acceso a la información de las declaraciones, cooperación complementaria de esos ejecutivos para ser interrogados por los fiscales argentinos en busca de más información sobre los funcionarios.
Pero la información, además, tiene que saltar otras barreras administrativas en esta capital. Ningún papel de Odebrecht saldrá de Brasil sin la autorización del Tribunal Supremo Federal (equivalente a la Corte Suprema en nuestro país), que decretó el "sigilo" de los datos, es decir, que la información ahora no está liberada y quedará reservada hasta nuevo aviso.
Los fiscales argentinos confiaron en que este tiempo puede resultar útil para volver a esta capital dentro de algunas semanas para discutir nuevos términos del acuerdo. Sin embargo, la sensación que dejó el encuentro, según confió una fuente judicial, es que los brasileños defenderán las delaciones firmadas con Odebrecht hasta último momento. Y agregó que si incumplen el convenio firmado con Odebrecht perdería credibilidad la herramienta que los eyectó como un ejemplo en el mundo.
Fuente: La NaciÓn
