La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue denunciada por presunto cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos a raíz de la compra de un edificio para el organismo, operación en la que intervino, según la acusación, una inmobiliaria supuestamente vinculada a su ex esposo Héctor Alonso.
El pedido de investigación del fiscal Carlos Rívolo, que quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien dispuso el secreto sumarial, fue contestado por Gils Carbó mediante un escrito de su abogado Alejandro Rúa, quien rechazó el pago de sobreprecios o comisiones en esa operación inmobiliaria de 2013.
La denuncia de la fiscalía de Rívolo -firmada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien reemplaza a su colega, actualmente de licencia- alcanza a Gils Carbó, a su ex marido Alonso y a la empresa "Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA".
La investigación se remite a la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación (PGN) que, según la denuncia, supuestamente redundó en el cobro de una comisión por intermediación que rondó los 8.000.000 de pesos por parte de Alonso, hechos negados en la presentación espontánea que firmó Rúa.
Por su parte, una fuente de prensa de la PGN negó en comunicación con Télam el pago de comisiones y afirmó que "si existió alguna comisión, la pagó la familia Bemberg", vendedora del inmueble.
