sábado 21 de marzo de 2026
Las sospechas sobre varias propiedades de Los Sauces SA por las que Lázaro Báez pagó por alquileres y servicios, serán un punto importante en la indagatoria de Leandro Ricardo Albornoz, el escribano del empresario K y pieza clave en la estructura del Grupo Austral. Además, Luciana Báez declara con una estrategia similar a la de sus hermanos Martín y Leandro: su padre era el único que tomaba todas las decisiones en las empresas.
Los hijos de Báez, preso hace diez meses, unificaron sus estrategias ante las indagatorias realizadas por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo: responsabilizar al empresario K de todas las relaciones comerciales que el holding mantuvo con la inmobiliaria de Cristina Kirchner. Los apoderados y uno de los principales contadores del Grupo, Claudio Bustos, utilizaron el mismo argumento, "éramos administrativos que cumplíamos órdenes de las principales autoridades, Lázaro Báez y Martín".
Leandro y Martín que pidieron ser sobreseídos, fueron los primeros en sostener ante el magistrado que su padre "decidía todo solo". Hoy Luciana, la mayor de los cuatro hijos del Báez, reiterará esta estrategia de defensa. "Él manejaba todo, si uno se oponía era lo mismo que nada, no te daba lugar a nada”, dijo el menor de los hijos varones. Martín expresó que "todo estaba precedido de una decisión tomada por mi padre y basados, únicamente, en criterios de confianza, así se conformaban las posiciones de todos sus hijos en los distintos proyectos”.
La mayor de los hermanos Báez no se correrá de este planteo. "Había un organigrama empresarial y en la cabeza, decidiendo todo y manejando la caja estaba sólo Báez”, señalaron desde el entorno familiar. Luciana es representada al igual que Leandro por Julián Schettini desde la semana pasada.
Como accionista, apoderada y directora de varias empresas que emitieron pagos por $ 10,4 millones a favor de Los Sauces SA, Luciana es responsable de firmar una gran cantidad de cheques a favor de la inmobiliaria y de la cuenta de la Sucesión Néstor Kirchner. Ayer, Leandro Báez remarcó que "la parte financiera lo manejaba Lázaro con sus contadores” y que a las oficinas donde trabajaba él y sus hermanos, llegaban mensualmente "dos o tres cajas rectangulares de archivo con el legajo de cada pago a los proveedores” y que los cheques llegaban "previamente firmados y autorizados por Lázaro”. Este esquema repetirá Luciana ante el Juez.
Al igual que sus hermanos, la mayor de las hijas de Báez está imputada en la Ruta del Dinero K por las cuentas en Suiza de las que serían titulares y/o beneficiarios, con las que se movieron 25 millones de dólares y que fueron reingresados al país a través de otras maniobras de lavado de dinero.
Años atrás, el contador de la familia Kirchner Victor Manzanares y el escribano Leandro Albornoz dejan la residencia de la Familia Kirchner. Foto Opi Santa Cruz.
Un hombre de confianza del empresario K también debe dar cuenta sobre una importante cantidad de trámites realizados respecto a los inmuebles y la vinculación comercial con Los Sauces SA. El escribano Leandro Albornoz está imputado en esta causa y fue allanado por orden del juez Sebastián Casanello en la Ruta del Dinero K. Fue el responsable de las escrituras del cuantioso patrimonio de Báez: $ 2.547 millones en propiedades. 224 se encuentran en Santa Cruz y en cada una de ellas, participó Albornoz.
En relación a la inmobiliaria de los Kirchner, el escribano Albornoz fue el primer dueño de "La Aldea SA”, una empresa que terminó siendo propiedad de Lázaro y Martín Báez cuyo domicilio fiscal es el mismo del hotel, que lleva mismo nombre y que pertenece a la inmobiliaria de Cristina Kirchner y que recibió pagos del Grupo Austral. Además de haber constituido Valle Mitre, que después terminó gerenciando tres hoteles de la ex Presidenta hasta julio de 2013. Esta última empresa pagó a Los Sauces SA desde 2009 un total de $ 2.393.725.
Además, Albornoz participó en la venta que Austral Construcciones le hizo a la inmobiliaria de Cristina Kirchner, de un terreno ubicado en 25 de Mayo 66 en Río Gallegos. La operación se hizo por 97.000 dólares y según la Justicia "nunca fue inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble y Los Sauces SA no lo declaró impositivamente”.