El ministro de Justicia, Germán Garavano, admitió ayer que el Gobierno está dispuesto a negociar cambios en el proyecto de reforma del Ministerio Público que promueve el oficialismo para limitar el mandato y las atribuciones de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
"Hay modificaciones previstas; el Gobierno siempre está dispuesto a negociar, a tratar de consensuar", afirmó Garavano en declaraciones a un matutino porteño, al ser consultado sobre críticas de distintos sectores a la iniciativa.
A su vez, el jefe del bloque de Diputados del oficialismo, Mario Negri, se mostró de acuerdo con la posición de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, de realizar un juicio político a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
"Coincido con la diputada (Carrió) en que el juicio por mal desempeño en el cargo debe llevarse adelante, por eso acompañé con la firma", señaló Negri.
Ayer, Carrió rechazó por "inconstitucional" el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal impulsado por el Gobierno con el objetivo de acotar el mandato de la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y anunció que presentará en las próximas horas una observación al dictamen que será tratado el miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados.
Concretamente, la diputada -quien se recupera de una angioplastía a la que fue sometida semanas atrás- objeta los cinco años que establece el proyecto para el cargo de procurador, al entender que dicho plazo no supera el período de un Gobierno (que puede aspirar a dos mandatos), por lo que propondría elevarlo a diez años.
Fuentes cercanas a Carrió señalaron que tal como está redactado el dictamen, el proyecto "tiene nombre y apellido" y es "inconstitucional", ya que plantea una "intromisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en asuntos del Poder Judicial".
