La Cámara de Diputados tratará el miércoles en el recinto el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, el cual sufrirá modificaciones respecto del dictamen de mayoría aprobado el martes pasado en un plenario de comisiones.
El cambio más sustancial será la eliminación del requisito que establece que para convertirse en titular de una procuradoría o unidad especializada el fiscal general debe cumplir con cinco años de antigüedad en ese cargo. El oficialismo sacó cuentas y verificó que de llevarse a cabo esta cláusula casi la totalidad de los magistrados a cargo de las procuradorías o unidades fiscales especializadas deberán cesar en sus funciones, lo que afectaría seriamente el funcionamiento de las mismas.
El jefe de bloque del PRO, Nicolás Massot, también aseguró en declaraciones periodísticas que van a reponer en el proyecto la Unidad Fiscal especializada en Femicidios, que había sido eliminada en el dictamen de mayoría provocando un amplio repudio multisectorial. En tanto, el Gobierno encomendó a los diputados de su bloque que corrijan parcialmente el artículo que establece que los fiscales que fueron trasladados de sus jurisdicciones deberán volver a sus cargos originales en 48 horas: dicha disposición aplicará solamente para los últimos cinco años, dejando vacantes 12 fiscalías.
La Casa Rosada analizó que si el artículo fuera aprobado como vino en el dictamen de mayoría, en lugar de 12 magistrados serían 37 los que deberían ser repuestos en sus cargos originales, lo que pondría en riesgo la realización de numerosos juicios.
El dictamen de mayoría fue firmado por el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el GEN de Margarita Stolbizer, mientras que el Frente para la Victoria, el peronismo para la Victoria y el Frente de Izquierda lo rechazaron.
La iniciativa plantea limitar el mandato del procurador general, que actualmente tiene carácter vitalicio, a cinco años de duración, con la posibilidad de renovar por cinco años adicionales a propuesta del Poder Ejecutivo.
De avanzar con la reforma, el Gobierno tendría un instrumento legal para empujar hacia el precipicio a la actual procuradora Alejandra Gils Carbó y, en caso de no lograr forzar su renuncia anticipada, el presidente Mauricio Macri podría denegarle un segundo mandato a partir del 29 de agosto del año que viene, cuando se cumplirán los cinco años de ejercicio en el cargo desde su asunción en 2012.
