El 2014 fue uno de los años más críticos en la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno, con el avance de múltiples causas dirigidas a funcionarios nacionales en medio de una dura pulseada en la Procuración General y el Consejo de la Magistratura, aunque fue el procesamiento y envío a juicio del vicepresidente Amado Boudou el hecho más relevante de este año que se va.
Luego de las tormentas en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la promovida reforma judicial, truncada por la Corte Suprema de Justicia, estos últimos doce meses varios jueces y fiscales decidieron jugar políticamente y dieron un inusitado impulso a múltiples causas contra funcionarios del Gobierno.
Incluso la presidenta Cristina Kirchner y su familia es investigada por el juez federal Claudio Bonadío a raíz de una maniobra de presunto lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de su hotel "Alto Calafate".
Boudou fue desde el inicio el centro de los embates, con la obligación de presentarse en más de una oportunidad en los Tribunales federales de Comodoro Py: el magistrado Ariel Lijo lo procesó como partícipe de la maniobra para hacerse de la firma Ciccone Calcográfica; y su par Bonadío lo envió a juicio por haber comprado en la década del 90 un vehículo con documentación falsificada.
No fueron las únicas causas: también se decidió avanzar en otro expediente donde se lo investiga por la compra de 19 vehículos para el Ministerio de Economía; y por presuntas dádivas al realizar viajes en helicóptero de forma gratuito durante la última campaña presidencial.
El presidente del Senado recibió varios reveses en 2014 y en el próximo año no se descartan nuevos problemas, pues está pendiente conocerse el resultado de un peritaje contable en una causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre él y su familia. También cayeron bajo sospecha por el incremento de su patrimonio el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; el secretario de Seguridad, Sergio Berni; el jefe del Ejército, César Milani (también acusado por complicidad con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura) y fue procesado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
El 2014 también fue otro año en el que la figura del juez federal Norberto Oyarbide traspasó los tribunales: fue porque policías dijeron haber pedido un soborno millonario en el allanamiento a una financiera y aseguraron contar con el aval del magistrado. Incluso, Oyarbide justificó luego que frenó ese operativo en Propyme, del empresario Guillermo Greppi, porque lo llamó el subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi: ello le valió una investigación penal al juez y al funcionario, y a este último incluso se le reabrió una causa por enriquecimiento ilícito y también otra por contratos que la Secretaría Legal y Técnica cerró con una empresa.
La jueza María Romilda Servini de Cubría, quien concentra un alto poder al tener a su mando el juzgado electoral con competencia en la Capital Federal, también jugó fuerte este año: procesó al ex titular de la secretaría de lucha contra el narcotráfico (SEDRONAR) Ramón Granero, por falta de control de ingreso de efedrina al país, el cual es utilizado como precursor químico para fabricar drogas de diseño.
Además, la jueza procesó a la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti por defraudación y allanó varios clubes de fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por irregularidades en el manejo del dinero para el Fútbol para todos.
Otra causa que celebraron todos en poder de la jueza fue aquella en que se identificó mediante un estudio de ADN y luego de 36 años de búsqueda al nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. También fue el año en que se declaró una "guerra abierta" entre la procuradora general Alejandra Gils Carbó y un sector de la Justicia: se denunció la designación irregular de personal en el Ministerio Público Fiscal y se la acusó por presunto espionaje informático a fiscales, con al menos dos procedimientos policiales en la entidad que dirige.El último capítulo en su contra es la sospecha de manipulación en concursos para ocupar dos fiscalías federales (por lo que se hizo otro procedimiento reciente en la Procuración) y la suspicacia puesta en las eventuales designaciones que se prevén ante la reforma del Código Procesal Penal, sobre el poder y acción a los fiscales.
