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La Corte Suprema reclamó “garantías de seguridad”

Crece la preocupación por los efectos de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Exigen amplios programas de protección.

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30 de septiembre de 2006 - 00:00
La Corte Suprema de Justicia reclamó ayer garantías de seguridad a testigos en juicios por violaciones a los derechos humanos, en sintonía con la Procuración General de la Nación, que dispuso medidas para que quienes declaren queden amparados en programas de protección del Gobierno.

Ambas decisiones se constituyeron en las reacciones más importantes de las producidas ayer en el ámbito judicial, en respuesta a las amenazas recibidas por jueces y fiscales de distintos puntos del país, que sustancian causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

La primera medida concreta fue tomada por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien ordenó a una unidad especial elaborar un cronograma de juicios orales a represores y listas de testigos convocados para "garantizar su seguridad" mediante programas oficiales de protección.

Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional también se repudiaron las amenazas recibidas por el tribunal oral platense, que condenó al represor Miguel Ethecolatz, y por otros jueces y fiscales.

"Requerimos a los poderes públicos que garanticen la debida protección y seguridad para los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que tienen a su cargo la investigación de eventual acusación y decisión en estas causas", consignó la Corte en un comunicado.

El máximo tribunal exteriorizó su "profunda preocupación" por las amenazas y consideró "necesario garantizar" protección a testigos y esclarecimiento de los hechos.

La Corte eligió el marco brindado por una reunión donde se conformó la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, para emitir un comunicado en relación con la situación generada en los últimos días.

El Estado de Derecho "no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas que pretenden impedir el normal desenvolvimiento de las instituciones", consideró.

"Es necesario garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional, la debida protección de los testigos y bregar para que este tipo de hechos no se reiteren y tengan esclarecimiento y adecuada respuesta en el marco legalmente previsto", se evaluó en la Comisión que quedó presidida por Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.

Los ministros dejaron en claro "la profunda preocupación de los participantes por las amenazas recibidas por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de Derecho, con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas".

Poco antes, el jefe de los fiscales, Esteban Righi, había firmado una resolución en la que dispuso confeccionar listados de testigos para "garantizar su seguridad" a través de distintos programas en el ámbito del gobierno.

La tarea fue encomendada al fiscal general Felix Croux, a cargo de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, dependiente de la Procuración.

El Procurador tomó esa decisión a raíz de las amenazas recibidas por "periodistas, integrantes de organismos de derechos humanos, jueces y magistrados del Ministerio Público", relacionadas a causas "en las que se investiga violaciones de los derechos humanos" y que siguieron a la desaparición del testigo del caso Etchecolatz, Jorge Julio López.

Las causas que investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura están abiertas en Capital Federal, Córdoba, Resistencia, Posadas, La Plata, Mar del Plata y Tucumán.

El Procurador aludió a la existencia en el ámbito nacional y provincial de programas especiales para la protección y seguridad de testigos.

También instruyó a los fiscales a denunciar "inmediatamente" ante la Justicia amenazas "con motivo de su intervención o de la intervención de algún otro miembro de este Ministerio Público en las causas en las que se investiga violaciones de los derechos humanos cometidas durante el último gobierno de facto".

Además, deberán seguir el mismo procedimiento en caso de "tomar conocimiento de hechos de amenazas sufridas por otra personas con motivo del trámite de las causas referidas".

El funcionario dispuso que la unidad fiscal a cargo de Croux "elabore y mantenga actualizado un listado de testigos convocados en las causas de mención, así como un calendario de juicios orales a celebrarse próximamente, a fin de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda garantizar su seguridad".

Esto será viable "a través de las medidas que estime conveniente, en el marco de los programas de su competencia", agregó.

Por último, ordenó que la Unidad de Asistencia para Causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado intervenga "en carácter de coadyuvante, en forma conjunta o alternada, en las causas" que se abran como consecuencia de las denuncias de amenazas.
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