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Retoma actividad

Los senadores volverán a la actividad tras una semana de receso. Uno de los temas que debatirán será el de la imputabilidad a menores. Vilma Ibarra es la autora de un proyecto que se tomará como molde para futura ley.

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25 de septiembre de 2006 - 00:00
Después de una semana de receso, el Senado retomará la actividad con tres temas centrales para las políticas del Gobierno: el debate por la imputabilidad de los menores, el proyecto de saneamiento del Riachuelo y la iniciativa para reglamentar créditos inmobiliarios.

La actividad central se iniciará mañana a las 14 con un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo Humano y de Seguridad Interior y Narcotráfico para tratar un régimen especial de imputabilidad para menores de 14 a 18 años.

El encuentro fue convocado por la titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, la senadora por el Partido de la Victoria Vilma Ibarra, con el aval del Poder Ejecutivo.

El tema fue reclamado por el titular de la fundación Axel Blumberg, Juan Carlos Blumberg, en sus petitorios al gobierno, pero el oficialismo no piensa avanzar con una reducción de la edad mínima de imputabilidad penal lisa y llana.

El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, fijó un marco diferente para el tema en una entrevista periodística que concedió el fin de semana pasado, cuando se refirió a la necesidad de crear un régimen especial para menores.

El proyecto de Ibarra, que se tomará como molde para la futura ley, establece una amplia gama de sanciones, que tiene a la detención en un centro especializado como última opción.

La sanción podrá ser una advertencia con apercibimiento; pedido de disculpas personales ante la víctima; la obligación de reparar el daño; la prestación de servicios a la comunidad; la obligación de someterse a un tratamiento médico o psicológico; la inhabilitación; la privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre; la privación de libertad domiciliaria; y la privación de libertad en centro especializado.



Por el Riachuelo

El segundo tema de importancia de la semana será tratado mañana mismo, posiblemente a las 18, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda. Allí concurrirá la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, para debatir el proyecto de ley que dispone la creación de un ente para poner en marcha el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

La "Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo" que crea el proyecto estará integrado por Picolotti, tres representantes más del Poder Ejecutivo Nacional, dos por la gobernación de Buenos Aires, y dos por la administración de la ciudad de Buenos Aires.

Su principal objetivo será adoptar las medidas necesarias para el saneamiento de esa área fluvial correspondiente, con una amplia gama de facultades.

En términos generales se menciona entre otras atribuciones que el ente "tendrá facultades de regulación, control y fomento, respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental".

Si bien aún no está completamente definido el temario para la sesión del miércoles el tema más importante que está en condiciones de ser incluido es el proyecto de ley que establece una serie de incentivos para la promoción de créditos inmobiliarios.

Esa propuesta, que ya recibió dictamen favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda, representará el primer paso para reglamentar el plan anunciado por el Gobierno e implementado desde el lunes pasado por diecisiete bancos públicos y privados.

La iniciativa procura establecer un régimen general de incentivos para la adquisición y construcción de "vivienda única, familiar y permanente" a través de un esquema especial de créditos que también alcanzará a inquilinos que suscriban contratos de leasing y quienes posean terreno propio destinado a la construcción de una vivienda.

El objetivo de este beneficio es disminuir de manera sensible el costo de las unidades, de manera que la cuota para cancelar el crédito sea similar al alquiler que pagaba el locatorio.
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