De acuerdo con el informe elaborado por las ONGs Human Rights First y RAICES, los niños detenidos allí “se enfrentan a condiciones inseguras y degradantes”.
Las ONGs Human Rights First, dedicada a los derechos humanos a nivel internacional desde 1978, y RAICES, encargada de brindar servicios legales de inmigración gratuitos y de bajo costo, publicaron un informe conjunto que documenta abusos generalizados contra familias y niños bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La investigación se basa en los testimonios de trabajadores y de personas detenidas en el Centro de Procesamiento Familiar de Dilley, en Texas.
Según este informe, más de 5600 personas, incluyendo padres, niños, bebés y recién nacidos, fueron encarceladas en Dilley entre abril de 2025 y febrero de 2026. El documento expone violaciones generalizadas del debido proceso, condiciones inhumanas y daños físicos y psicológicos duraderos infligidos a las familias encarceladas en Dilley.
A su vez, un informe publicado por The Marshall Project, ONG que lleva a cabo investigaciones sobre el sistema de justicia penal estadounidense, reveló que la cifra de menores detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) se multiplicó por diez desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La organización sostuvo que, durante la administración republicana, el ICE detuvo a un promedio de 226 menores al día, frente a los 24 diarios en los últimos meses de la administración de Joe Biden.
En diálogo con Página/12, el abogado especializado en inmigración y derecho de familia en Estados Unidos, Héctor Quiroga, sostuvo que el aumento en la reclusión de niños refleja un cambio en el rol de la agencia: “ICE, que históricamente no era la principal encargada de la custodia de menores, hoy aparece como un actor central en su detención, incluso en instalaciones no diseñadas para el cuidado infantil”.
En ese sentido, el especista afirmó que “la normalización de la detención familiar como herramienta de control migratorio responde a una combinación de factores políticos, operativos y estratégicos”.
El reporte elaborado por Human Rights First y RAICES se basó en “entrevistas con familias afectadas y proveedores de servicios legales, la prestación de dichos servicios e investigación documental”. De acuerdo con el informe, “las familias son detenidas sistemáticamente durante meses, en violación de los límites judiciales, sometidas a amenazas coercitivas de separación y privadas de un acceso efectivo a la protección del asilo. Los niños se enfrentan a condiciones inseguras y degradantes, que incluyen atención médica inadecuada, acceso limitado a la educación y entornos que perjudican gravemente su salud y desarrollo”.
“Entre las familias encarceladas se incluyen solicitantes de asilo, personas con solicitudes de visa pendientes, beneficiarias de libertad condicional humanitaria y familias que han vivido en Estados Unidos durante años”, sostiene la investigación. Además, señala que, entre las familias entrevistadas, la edad promedio de los menores detenidos era de siete años.
Quiroga destacó que, según distintos reportes elaborados por organizaciones como ProPublica, The Marshall Project y entidades de supervisión del propio DHS, las denuncias más recurrentes incluyen “la falta de atención médica adecuada, alimentos en mal estado, hacinamiento, deterioro emocional de los menores y acceso limitado a la educación”.
“En la práctica legal, también hemos visto casos donde los niños presentan ansiedad, depresión e incluso conductas autolesivas tras semanas o meses en detención. Esto no es menor: desde el punto de vista jurídico, estas condiciones podrían constituir violaciones al debido proceso y a estándares internacionales de derechos humanos. El gran debate hoy no es solo si ICE puede detener menores, sino si lo está haciendo dentro de los límites legales y humanitarios establecidos”.
Aumento en la detención de menores
De acuerdo con un análisis de The Marshall Project, el ICE detuvo a más de 6.200 menores durante la segunda administración de Trump, con un promedio diario de 224 niños retenidos. A su vez, más de 1600 permanecieron bajo custodia del ICE más de 20 días, el límite impuesto por un tribunal para la detención infantil. Para Quiroga, estas cifras muestran que “no se trata de eventos aislados, sino de una política sostenida”.
El informe explica: “Aproximadamente un mes después de que el presidente Trump asumiera su segundo mandato, el número de menores detenidos por el ICE comenzó a aumentar hasta alcanzar un máximo de más de 550 en enero de este año, para luego disminuir drásticamente a menos de 90 a mediados de marzo”.
Los datos fueron obtenidos del ICE por el Deportation Data Project, un grupo de académicos y abogados que recopilan datos federales de inmigración a través de solicitudes de acceso a registros públicos y los comparten con el público. El informe, realizado por The Marshall Project, abarca desde enero de 2024 hasta mediados de marzo de 2026. La investigación no incluye a los niños bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza ni de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde permanecen sin un tutor.
De acuerdo con un informe previo de The Marshall Project, al menos 3.800 menores fueron detenidos a lo largo de 2025, entre ellos 20 bebés.
El principal centro de detención familiar es el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, con capacidad para albergar hasta 2,400 personas entre padres e hijos. En el 2024, Biden cerró esta instalación, pero Trump ordenó su reapertura durante el 2025.
Además de Dilley, existen otras instalaciones en Texas y Pensilvania que históricamente fueron utilizadas para la detención familiar y cuya operación, según el abogado, “puede variar según decisiones políticas y contractuales con empresas privadas”. Para el especialista, “lo relevante hoy no es solo el número de centros, sino su reactivación y expansión funcional, lo que refleja un cambio estructural hacia la normalización de la detención familiar como herramienta de control migratorio”.
Para Quiroga, el giro en la política migratoria hacia la detención familiar “responde a una combinación de factores políticos, operativos y estratégicos”. En primer lugar manifestó: “Hay una decisión política clara de endurecer el control migratorio en el interior del país, no solo en la frontera. Como resultado, ICE ha asumido un rol más activo en operativos internos que terminan impactando directamente a familias con hijos que ya estaban establecidas en Estados Unidos”.
“En segundo lugar, la disminución de cruces fronterizos de menores no acompañados ha desplazado el foco hacia quienes ya están dentro del país. Esto ha generado una paradoja: menos niños cruzando la frontera, pero más niños detenidos dentro del territorio. Finalmente, también influyen cambios institucionales, como recortes en asistencia legal y una reinterpretación de acuerdos como Flores, que han permitido detenciones más prolongadas y en condiciones más cercanas a entornos carcelarios” detalló el abogado.
Quiroga destacó que los menores detenidos en Estados Unidos tienen derechos reforzados bajo la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y especialmente bajo el Acuerdo Flores de 1997.
Según explicó, el Acuerdo Flores “establece que los niños deben ser liberados ‘sin demora innecesaria’ a un familiar o patrocinador y, en caso de detención, deben permanecer en condiciones seguras, sanitarias y apropiadas para su edad”.
“Además, el ICE está obligado a garantizar acceso a alimentos adecuados, agua potable, atención médica, educación básica, contacto con familiares y representación legal. También se establece que la detención debe ser la última opción y no la regla, y que los menores no deben permanecer en custodia por más de 20 días en la mayoría de los casos. El problema actual es que múltiples informes sugieren que estos estándares no siempre se cumplen, lo que abre la puerta a litigios y cuestionamientos constitucionales”, concluyó Quiroga.
Informe: Lucía Jiménez Donati
