El canciller Héctor Timerman reafirmó que seguirá
exigiéndole a ese país que "respete el derecho soberano de seguir pagando la
deuda sin interferencias violatorias al derecho internacional”.La conferencia de prensa fue brindada por el jefe de
Gabinete, Jorge Capitanich, el canciller Timerman y la consejera Legal de la
Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, quienes dejaron en claro que la
demanda presentada ante el Tribunal Internacional de La Haya es "contra los
Estados Unidos, en el marco de la controversia entre Estados y no contra los
fondos buitre, ni de revisión de las decisiones adoptadas por la Justicia”.
Para el canciller la controversia es porque "las decisiones de los tribunales
de Estados Unidos comprometen la responsabilidad internacional de dicho
país” y violan la responsabilidad del Estado, según la Carta de Naciones
Unidas, dijo.
Timerman denunció que Estados Unidos no ha contestado "ni al país, ni a la
Corte si acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que
su país ha permitido, violando la soberanía de la Argentina”.
Timerman consideró luego que es "producto de cierta ignorancia” el planteo del
principio de división de poderes, "que son inoponibles ante el tribunal
internacional, para desligarse del hecho ilícito. Estados Unidos debe asumir la
responsabilidad de los actos ilegales del juez (Thomas) Griesa”.También explicó que las decisiones sobre el pari passu -la
cláusula de igualdad de condiciones en las ofertas a los bonistas- "no sólo es
arbitraria; se extralimita en la competencia de los jueces” porque abarcó bonos
"que no estaban judicializados, afectando a la inmensa mayoría que aceptaron el
canje y no son parte del proceso iniciado por los fondos buitre”.
El canciller instó al juez norteamericano a "respetar el derecho
internacional”, y reafirmó que la Argentina "no cedió su soberanía” en el tema,
al tiempo que señaló que el magistrado pretende "estimular medidas de carácter
económico y político para forzar la voluntad de otro estado miembro de las
Naciones Unidas” para que Argentina "no pueda llegar a cumplir el pago de los
bonos, forzando su decisión soberana de reestructurar su
deuda”.
Timerman denunció además una campaña de agravios de parte de miembros del
Congreso de EEUU, al señalar que políticos de ese país han recibido de parte de
Paul Singer y sus empresas donaciones directas por más de diez millones de
dólares que tienen una única finalidad, que es forzar a la Argentina a pagar a
los fondos buitre, para lo cual se ha formado un `Grupo de tareas` sobre la
Argentina.
Señaló que la decisión de presentar la demanda se tomó luego que tres
funcionarios, entre ellos él, fueron informados oficialmente que funcionarios
del Poder Ejecutivo de EEUU habían sido instruidos -por los departamentos de
Estado y del Tesoro- a no dialogar con funcionarios de Argentina sobre la deuda
y la reestructuración de la deuda.
Hubo otra mención acerca de que en el debate de la Organización de Estados
Americanos (OEA) sobre el conflicto con los fondos buitre -salvo Estados Unidos
y Canadá- todos respaldaron el trabajo argentino, aunque Estados Unidos dijo
que no iba a emitir opinión sobre el tema por la separación de poderes.
El canciller ratificó que se trata de una demanda ante la Corte Internacional
de La Haya "por una violación directa a la soberanía, emanada de una decisión
judicial de Estados Unidos”, y agregó que después de la presentación, el Poder
Ejecutivo estadounidense, a través de funcionarios del Departamento de Estado y
del Tesoro que pidieron no ser identificados, rechazaron la jurisdicción de la
Corte.
El canciller denunció que EEUU no ha contestado "ni al país, ni a la Corte, si
acepta dirimir la controversia nacida de las decisiones ilegales que su país ha
permitido, violando la soberanía de la Argentina”.
Y señaló que Argentina optó por presentarse ante la Corte aún sabiendo que EEUU
podría negarse a presentarse ante una Corte imparcial, "sabiendo que
varias veces no acató sus sentencias en contra de sus acciones violatorias al
derecho internacional”.
En la misma línea, Capitanich, precisó que la demanda fue presentada el pasado
7 de agosto y agregó que se trata de una disputa vinculada a decisiones de la
Justicia de EEUU que afectan la restructuración de la deuda soberana argentina.
"El rol de la Argentina tiene que ver con la defensa de su soberanía y entender
que la aplicación de una serie de acciones o medidas han impedido objetivamente
el cobro de parte de los acreedores y esto ha generado obstáculos para el
proceso de reestructuración y constituye una violación de la soberanía
argentina y de sus inmunidades”, consideró el jefe de Gabinete.
