Advirtieron sobre situaciones límite en las familias por la imposibilidad de afrontar tratamientos privados y la falta de turnos en el sistema de salud público.
Las organizaciones de familias de personas con autismo mantienen su estado de alerta ante las dificultades presupuestarias que atraviesa el sector y las demoras en el cumplimiento de la normativa en discapacidad. Desde la entidad remarcaron las complicaciones económicas que sufren los tutores para afrontar prestaciones de manera particular tras la pérdida de empleos formales y la interrupción de coberturas médicas.
En declaraciones vertidas en el programa Tiempo Real de Ancasti Streaming, la presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Autismo Catamarca (APAC), Mercedes Balut, advirtió sobre la situación del marco legal y los recursos previstos: “Estamos en estado de alerta porque es preocupante la situación. Estamos ante una Ley de Emergencia en Discapacidad sin cumplirse o cumpliéndose parcialmente. Y encima, con este panorama de incertidumbre que tenemos de no saber si el año que viene va a estar incluida en el presupuesto”.
La referente detalló la erogación mensual que requiere la atención privada cuando las familias no cuentan con obra social: “Yo hace mucho saqué una cuenta y estaba por arriba del millón y medio si uno tuviera que pagar particular las terapias. Una sesión, una sola sesión de un psicólogo, un psiquiatra cobra $60.000. Y por lo general son ocho sesiones”.
Por otra parte, Balut explicó que cuando un padre pierde su empleo registrado, la familia se queda sin la cobertura de una obra social y se ve obligada a recurrir al sistema público de salud. “En los centros públicos no hay, no alcanza. Están colapsados, no alcanza, no hay lugar para tomar turnos. Entonces estamos ante un desborde de que muchas familias no encuentran la salida y también estamos hablando de situaciones de salud mental en los padres”, advirtió.
Respecto a las declaraciones de funcionarios nacionales acerca de quitar la pensión a quienes consigan un empleo formal, la referente de APAC rechazó la medida y explicó que los costos de acompañamiento consumen la totalidad de la asignación estatal. “Supóngase que, en el mejor de los casos, esa persona con discapacidad encuentre un trabajo formal en blanco, la pensión son $320.000, $350.000, no alcanza a cubrir ni siquiera el apoyo de una persona".
Finalmente, la titular de APAC solicitó que se garantice la participación de las organizaciones sociales en el debate de las políticas públicas y en la asignación de recursos. “Nosotros vamos a tratar de explicarle a la sociedad que nuestros chicos no son unos pillos que quieren cobrar de arriba, sino una necesidad por cubrir, un derecho por contemplarse. No queremos ningún regalo, no queremos ninguna dádiva, queremos que se cumpla lo que por derecho ha sido conseguido”, concluyó.