El Estado es el primer destructor del ambiente

La experta aseguró que para realizar los desmontes se violaron por lo menos diez normas del Código de Faltas municipal. Dijo que las obras públicas se realizan sin pedidos de informe de impacto ambiental.

28 de septiembre de 2006 - 00:00

Cristina Morlans, bióloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), magíster en Conservación y Gestión del Medio Natural, es una de las especialistas de mayor conocimiento sobre el uso del suelo y los cambios ambientales producto de la deforestación inducida. Hizo uno de los estudios más exhaustivos sobre la reserva natural del Salar de Pipanaco e indagó sobre los perjuicios que ocasionan los movimientos de suelo en las más de 260 hectáreas del Campo Las Heras, que tuvieron como consecuencia la presentación y el consentimiento posterior de un amparo judicial de vecinos e integrantes de la ONG Compromiso Social, para que el Estado, responsable de la construcción de la mega obra del estadio de fútbol y del predio ferial, mitigaran el impacto negativo que causan los desmontes en la parte posterior del predio de ex -Regimiento sobre la comunidad.

Para la bióloga, la situación de Campo Las Heras es similar a la que se produjo cuando se deforestó la zona sur, con la instalación de los diferimientos impositivos del departamento de Capayán. “También en esa época tuvimos dos o tres años en los que vivimos envueltos de tierra. Acá es importante entender que los árboles además de proveer de sombra impiden que la tierra se recaliente y fundamentalmente que no se forme polvo en suspensión. Si se hubiese dejado una cortina de árboles, no se hubiese elevado el polvo porque el viento no estaría en contacto directo con el suelo”, explicó.

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“Es sabido que agosto y septiembre son dos meses de muchos vientos y que si se desmonta ocurre una polvareda infernal, entonces es difícil extraer las acciones humanas y achacarle todo a un fenómeno natural”, analizó.

Por otro lado, Morlans sostiene que uno de los principales problemas es la falta de legislación y de un marco regulatorio provisto por el Estado, que impida la deforestación del suelo: “La legislación actual es muy ambigua y deficiente, sobre todo porque sólo se exigen informes de impacto ambiental cuando el que desmonta es un privado o el propio Estado con financiamiento internacional. Mientras que los desmontes para la construcción de obras públicas no lo exigen, porque se utilizan recursos internos. Por eso se hace lo que se quiere sin ninguna previsión, control, ni mucho menos planificación. Entonces se produce lo que llamo ‘la coalición de las I’: improvisación, ignorancia, infracción; y un descuido absoluto del ambiente que es nuestro bien común más indispensable porque sin él no podemos vivir”.

Morlans afirmó que fueron los mismos estados, tanto municipal como provincial, los que violaron las leyes nacionales a las cuales Catamarca se encuentra adherida. “En Campo Las Heras no se cumplió con la Ley de Riqueza Forestal ni con los convenios firmados por la provincia para llevar adelante el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. Ni que hablar de las normas establecidas por el código de faltas municipal, que apuntan a que no se deben realizar acciones que obstruyan la calidad de vida de las personas. Tampoco, desde los poderes legislativos y desde el mismo Concejo Deliberante, se solicitó un informe que dé cuenta de los desmontes y demás daños. Éste no es un problema menor y sin embargo se elude”. Finalmente, Morlans advirtió que “la paralización de los trabajos sería peor. En este momento las medidas deben ser de remediación”.