La joven manifestó que sufrió violencia en redes sociales por parte de un familiar director de su agresor.
Agresión. A través de redes sociales, se agrede a la víctima.
Mientras el exintendente de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, Elpidio Guaraz cumple su condena de nueve años de prisión por "privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia" y "abuso sexual con acceso carnal", su víctima denunció a un familiar del jefe comunal por violencia digital. Entre las primeras medidas impartidas, desde la Justicia se ordenó de manera urgente un perímetro digital.
De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, la denunciante de Guaraz fue expuesta a través de medios y redes sociales. Consultada por este medio, Giselle Saseta, abogada de la joven, explicó que estas agresiones digitales vulneran la integridad y dignidad de las víctimas de violencia sexual, cuya identidad y datos están protegidos por la Ley de Víctimas y las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
La denuncia se radicó el viernes último, en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. Por este hecho, tomó intervención la jueza de Familia y Violencia Familiar y de Género de Primera Nominación Érica Saccher. Según se informó, entre las primeras medidas se ordenó un perímetro digital: una orden de restricción moderna que prohíbe a una persona sindicada acercarse físicamente a la víctima y contactarla a través de medios electrónicos (redes sociales, emails, apps de mensajería).
A la vez, busca proteger integralmente a la víctima en el entorno físico y digital. Esta medida es fundamental en casos de violencia de género o ciberacoso para garantizar la seguridad de la víctima más allá del espacio físico.
La Ley Nacional 27.736, conocida como Ley Olimpia, modificó en 2023 la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres e incorporó la “violencia digital” como una modalidad específica. Entre sus disposiciones, permite ordenar a plataformas digitales y redes sociales la supresión de contenidos que constituyan violencia digital, así como el aseguramiento de datos informáticos para las investigaciones correspondientes.
Guaraz respondió penalmente por hechos de violencia contra quien fuera su pareja, una adolescente, en noviembre de 2019. Él promediaba los 50 años. Según la investigación, el entonces intendente se presentó con su camioneta en horas de la madrugada en la casa de la joven con quien mantenía una relación. Le insistió para que ingresara al vehículo "para conversar". Una vez dentro del rodado, Guaraz arrancó la marcha y se llevó a la joven, contra su voluntad, a su casa. Al llegar, la hizo bajar del vehículo por la fuerza y la ingresó a su domicilio. Una vez ambos dentro, cerró la puerta con llave y comenzó a insultarla. Luego la agredió sexualmente. La joven permaneció encerrada en esa casa durante algunas horas.
La denuncia se presentó en junio de 2021. En octubre de 2022, Guaraz finalmente fue imputado. El debate oral se concretó en septiembre de 2024. Por unanimidad, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación halló culpable a Guaraz y lo condenó a nueve años de prisión. En septiembre del año pasado, la Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó el recurso de casación y confirmó la condena de Cámara. Guaraz insistió con el recurso extraordinario federal para llegar a la CSJN pero el recurso no fue concedido. Para la Corte, la condena ya quedaba firme y había llegado el momento de cumplirla. Aún puede ir en queja al máximo tribunal pero los casos precedentes no tuvieron buenos resultados. El miércoles se ordenó la detención y traslado de Guaraz al Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán.
