La historia de cuatro jóvenes que conocieron de niños los pasillos judiciales
De chicos vulnerables a adultos reincidentes: cuando la cárcel es escuela del delito
En el marco del debate por la baja de la edad de imputabilidad, la historia de jóvenes que hoy cumplen condenas muestra las grietas de un sistema que no logra la reinserción social.
Debate. A nivel nacional se discute si debe bajarse la edad de imputabilidad a 14 años.
“Jeremías”, “Benicio”, “Benjamín” y “Mateo” son cuatro jóvenes atravesados por la Justicia. Desde niños, transitaron por los pasillos del viejo Juzgado de Menores –aquel que tenía una función tutelar y luego se convirtió en Tribunal Penal Juvenil-. Actualmente, cumplen condenas en el Servicio Penitenciario Provincial, por delitos contra la propiedad y tráfico de estupefacientes. En el marco del debate por la baja de la edad de imputabilidad, surge una cuestión: el paso por el penal, donde en lugar de rehabilitarse, se "perfeccionaron" en el delito.
Estos niños no llegaron a los tribunales por haber cometido delitos graves, sino por algo más profundo y difícil de resolver: la vulnerabilidad social. Familias ausentes o desestructuradas, pobreza extrema y consumo problemático y falta de escolaridad.
La historia se repite con variaciones mínimas. Niños judicializados por su situación de desamparo, adolescentes en conflicto con la ley por robos y hurtos, adultos jóvenes condenados por delitos cada vez más graves. El sistema penitenciario, en lugar de funcionar como espacio de reinserción, opera como una universidad del delito donde se perfeccionan técnicas y se cambia de "especialidad": de los robos callejeros al narcomenudeo y el tráfico de drogas. Todos cumplieron tiempo en el penal. Todos salieron. Todos volvieron a delinquir. Todos regresaron.
“Jeremías”
El caso de “Jeremías” es paradigmático: desde chico asumió el rol de "hombre de la casa", un peso inmenso para sus hombros de niño que lo llevó temprano al conflicto con la ley. “Jeremías” tiene 31 años y lleva 14 años entrando y saliendo del sistema penitenciario. Se hizo de nombre conocido en los medios y de un apodo que lo marcó para toda su vida. Pasó del sistema “de Menores” al sistema de adultos. Dentro del Servicio Penitenciario Provincial su prontuario creció. Pasó de delitos contra la propiedad al tráfico de estupefacientes.
En octubre del año pasado, “Jeremías”, “Benicio” y “Benjamín” compartieron el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca y fueron condenados a siete años de prisión por narcotráfico. En los fundamentos de la sentencia, se destacó un detalle: el padre de “Jeremías” no solo conocía la adicción de su hijo, sino que se convirtió en su proveedor de drogas para que las comercializara en el penal, donde prácticamente creció. El TOF concluyó que en ese entorno "solo aprendió a delinquir" y nunca recibió tratamiento por su adicción.
Hermanos
"Benicio" y "Benjamín" son hermanos. Siempre estaban juntos y permanecen unidos, aún en la condena. Ambos conocían a “Jeremías”. Oportunamente, en su alegato, el fiscal Rafael Vehils Ruiz hizo mención a una fotografía, en la que “Jeremías” y “Benjamín” estaban en un comedor escolar. “Eran niños, y hoy se los ve sentados ahí, en un juicio oral y público por hechos graves. Que aquí estén no puede dejarlo pasar por alto", advirtió.
La imagen sintetiza una pregunta que el sistema de justicia no puede responder: ¿En qué momento esos niños se convirtieron en adictos e ingresaron al inframundo de la delincuencia? Tal vez, la respuesta esté en las falencias del Estado.
“Benjamín”, el hermano más chico, hoy tiene 27 años pero lleva más de cinco años detenido. "Sufro el consumo desde los nueve años. Soy muy adicto a la marihuana y estoy en un tratamiento hoy para dejar la adicción", había declarado durante el juicio. Su hermano “Benicio” tiene 31 años y también se reconoció "consumidor desde los 13 años". Además, tiene antecedentes por robo. Ambos hermanos compartían el mismo pabellón en el Servicio Penitenciario Provincial.
Nuevo paradigma
En 2019, Catamarca pasó del viejo sistema tutelar al nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, una modificación sustancial en el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo, los chicos que hoy son adultos reincidentes transitaron el sistema anterior, aquel que los judicializó desde la niñez sin ofrecerles herramientas reales de contención o salida.
El Decreto Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad entró en vigencia en agosto de 1980, bajo un paradigma tutelar que confunde protección con punición. Permitía la "disposición" discrecional de “menores”, incluso sin delito probado, mezclando cuestiones penales con situaciones de vulnerabilidad social. Un juez podía internar indefinidamente a un adolescente por encontrarse en "peligro moral o material".
La Ley 5544 de Catamarca, en cambio, parte de la Doctrina de la Protección Integral: el adolescente como sujeto de derechos, no como objeto de tutela. Separa las vías: lo penal es penal; lo social es social. La norma crea un fuero especializado con jueces, fiscales y defensores capacitados específicamente en Justicia Penal Juvenil. Establece garantías procesales exhaustivas: presunción de inocencia, defensa técnica obligatoria, plazos perentorios, doble instancia.
5-1
Salto al vacío. Sin familia y sin programas sociales, no hay inserción.
Mientras la norma nacional permite la privación de libertad como medida de protección, la Ley Provincial la reserva como excepcionalidad absoluta, con límites temporales estrictos y múltiples alternativas: mediación, conciliación, suspensión del juicio a prueba, remisión. La diferencia no es sólo de época. También hay una cuestión de enfoque: de la lógica del encierro a la lógica socioeducativa; de la discrecionalidad judicial a las garantías constitucionales.
De acuerdo con el Mapa de Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Penal publicado por la Base General de Datos (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en 2024, en Catamarca se aplicaron 20 medidas socioeducativas no privativas de libertad. Funcionan. El sistema de mediación, conciliación y suspensión del juicio a prueba permite declarar responsabilidad penal, dar respuesta a las víctimas y trabajar con el adolescente para que no reincida. Con el punitivismo no alcanza. Tampoco puede reinsertarse socialmente a quien no está inserto socialmente.
La declaración de reincidencia, el triple fracaso
El joven que sale del Servicio Penitenciario sólo para volver
"Mateo" tiene 27 años y conoce mejor los pasillos del Servicio Penitenciario Provincial que las calles de su propio barrio. En abril de 2025, fue declarado reincidente por tercera vez. Cada vez que sale en libertad, el ciclo se repite con precisión mecánica: deambula por las calles, consume drogas, vuelve a delinquir y regresa al penal. No tiene familia que lo contenga. Tampoco hay programas estatales que lo sostengan.
Cuando sale del penal, no tiene a dónde ir. No hay un hogar al que volver, no hay una red afectiva que lo sostenga, no hay un programa estatal que le ofrezca tratamiento por su adicción o herramientas para reinsertarse laboralmente.
Se lo ve tirado en veredas, pidiendo monedas a los transeúntes. A veces acepta comida, otras veces solo quiere plata para consumir. Está perdido, literalmente: deambula sin rumbo, sin proyecto, sin futuro más allá del próximo día. Cuando vuelve a delinquir —porque inevitablemente vuelve— regresa al penal. Este es el único espacio institucional que lo conoce de memoria. El único lugar donde, al menos, come y duerme bajo techo.
Es una paradoja perversa del sistema: el penal no lo castiga, lo contiene. La libertad no lo libera, lo condena a la intemperie. Su trayectoria judicial comenzó cuando era niño, en el viejo Juzgado de Menores. Como tantos otros, llegó al sistema no por ser un delincuente, sino por ser vulnerable. Hoy es un adulto atrapado en un círculo del que no logra salir. Pasó del sistema de Menores al fuero de adultos sin solución de continuidad. Las condenas fueron llegando, una tras otra. En el mientras tanto, el penal cumplió su función: no lo rehabilitó, lo formó en el delito.
En su más reciente sentencia, el Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación condenó, en abril del año pasado, a "Mateo" a cinco meses de cumplimiento efectivo por "hurto simple en grado de tentativa" y "encubrimiento por receptación". En la misma sentencia, fue declarado reincidente por tercera vez. En los fundamentos de la condena se advirtió que la reincidencia es un fracaso compartido.
"La reincidencia siempre implica un fracaso en tres niveles fundamentales: el fracaso de la institución penitenciaria en cuanto al tratamiento y diagnóstico, es impartido, especialmente en lo referente al diagnóstico, es también el fracaso de la prevención de la ley. En segundo lugar el fracaso familiar para la recuperación del individuo y, en tercer lugar, es el fracaso individual del sujeto, de sus propias dificultades para tomar conciencia del daño ocasionado y su identificación con la conducta agresiva y antisocial", indicó el juez Lucas Vaccaroni.
En otras palabras, el sistema no funciona. Los jueces lo saben, lo escriben en sus sentencias pero el círculo continúa girando. La Justicia constata el fracaso, lo declara formalmente, pero desde el Estado no se logra romper el ciclo.
El magistrado lo escribió con claridad: hay un triple fracaso. El fracaso del penal que no rehabilita. El fracaso de la familia que no existe. El fracaso del propio individuo que no logra romper el patrón. Aún falta mencionar un cuarto fracaso: el del Estado que no ofrece alternativas reales de contención y reinserción. El Estado que deja a "Mateo" tirado en la calle cuando sale en libertad, que no le da tratamiento para su adicción, que no le ofrece un lugar donde vivir ni herramientas para trabajar. Ese, tal vez, sea el más grave de todos.
Porque mientras el debate público se concentra en bajar la edad de imputabilidad y endurecer las penas, hay jóvenes como "Mateo" que entran y salen del penal en un círculo vicioso que no rehabilita, no reinserta y no cambia nada. Solo condena, una y otra vez, a los mismos.
No se trata de romantizar el delito ni de negar las condenas. Se trata de preguntarse: ¿queremos un sistema que condene veinte veces al mismo joven sin cambiar nada, o queremos un sistema que funcione? Porque los casos de "Jeremías", "Benicio", "Benjamín" y "Mateo" demuestran que el punitivismo sin reinserción solo genera más delito, más víctimas y más gasto público.
