El fiscal general federal catamarqueño, Rafael Vehils Ruiz, a cargo de manera interina de la Fiscalía Federal de Bariloche, rechazó ayer los planteos realizados por la defensa del líder de la RAM, Jones Huala (37), en el marco del tercer juicio de extradición a Chile que se lleva a cabo en Bariloche.
En diálogo con El Ancasti, explicó que el Ministerio Público Fiscal pidió al tribunal que no haga lugar a los recursos porque "no es una cuestión preliminar, sino que era parte del cuerpo del objeto procesal por el cual se trata el instituto de la extradición, era uno de los puntos, ver si afectaba o no la admisibilidad de la misma".
Y agregó: "Corresponde tratarlo en el desarrollo del juicio y no como una cuestión preliminar, que en el caso de que se le haga lugar, no permitirá el desarrollo del debate".
Explicó además, que el otro recurso presentado fue de "nulidad y consideramos que no debía prosperar porque no se afectó ningún derecho de defensa, de debido proceso o de legalidad. Son procesos distintos. Este no es un juicio criminal. Es un juicio donde se trata la admisibilidad de lo que pide el Estado requirente, en este caso, de Chile".
Sostuvo que la defensa "quiso volver a evaluar si el primer juicio de extradición o el juicio propiamente dicho que se le hizo a Hualas en la República de Chile estuvo bien o no. Y se trata de cosa juzgada. La Corte de Justicia ya dijo que son cosas inoficiosas. Además, están incorporados al expediente la sentencia de la primera extradición, el dictamen del Procurador y el fallo de la Corte. En esos tres instrumentos está tratada la cuestión que hoy (por ayer), se pretendía reeditar".
El pedido de extradición fue emitido cuando Chile resolvió dejar sin efecto la libertad condicional que se le había otorgado tras ser condenado en un tribunal de Valdivia en diciembre de 2018, a 6 años de prisión por el incendio de una vivienda habitada y tenencia ilegal de armas de fuego. En Chile, se radicó en Temuco y permaneció prófugo hasta febrero de este año que se lo encuentra en Argentina. Por eso el gobierno chileno pide la extradición.
