jueves 11 de julio de 2024
Editorial

Uruguay y Argentina, en sentido contrario

Uruguay acaba de anunciar que pondrá en marcha un Plan Nacional de Agricultura Familiar. La decisión contrasta notablemente con la postura del Gobierno argentino, que ha decidió desfinanciar al sector, cancelar casi todas las políticas destinadas al área, cerrar las oficinas y despedir a alrededor de 900 trabajadores en todo el país, de los cuales 35 realizaban su trabajo en Catamarca.

Para fundamentar la iniciativa, el gobierno uruguayo dio precisiones respecto del impacto que tiene la agricultura familiar en la economía de ese país: aporta el 15% del valor bruto del agro y genera el 29% del empleo en el sector. En total, son 16.321 las unidades productivas y 28.377 los productores familiares registrados oficialmente, mientras que unas 80.000 personas están vinculadas a esta rama en el país y casi el 25% de la producción ganadera proviene de explotaciones familiares.

La importancia de la agricultura familiar, campesina e indígena en la Argentina es igual de importante que en el vecino país: el 75% de las explotaciones agropecuarias pertenece a este sector, con más de 2 millones de personas distribuidas en más de 250.000 establecimientos productivos. Son responsables del 25% de la producción total del país y del trabajo del 19% del área cultivable.

El plan uruguayo tiene el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como un "pilar fundamental" para transformar los sistemas agroalimentarios de manera "eficiente, inclusiva, resiliente y sostenible".

La decisión de la gestión de Javier Milei de liquidar el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) va en sentido contrario de aquella iniciativa, pero además de la racionalidad económica y del propio sentido común. Nuestro país necesita, en un contexto de grave crisis económica, generar desarrollo productivo. Desfinanciar a un sector que requiere del acompañamiento público –técnico, administrativo, crediticio, de comercialización- atenta directamente contra ese desarrollo. El ahorro que depara 900 sueldos menos es ínfimo al lado de las pérdidas que ocasiona el debilitamiento de la agricultura familiar.

Pero hay asimismo otros aportes virtuosos de este sector no vinculados directamente con la economía: equilibra el diseño territorial productivo, evita el desarraigo de familias que producen alimentos para el autoconsumo y la comercialización y permite la preservación de prácticas culturales, económicas y sociales ancestrales, por ejemplo.

Argentina ha estado en un proceso de mayor avance en la promoción de la agricultura familiar que Uruguay, al punto que tiene una ley desde hace 10 años que promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores de la agricultura familiar. La ley es un modelo a seguir a nivel regional, pero muchos de sus postulados, a partir del nuevo gobierno asumido en diciembre, han dejado de cumplirse. Es de esperar que, a partir de un análisis racional, este sector productivo pueda volver a recibir la ayuda necesaria para que continúe haciendo, como lo ha hecho históricamente, sus aportes al desarrollo productivo argentino.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar