lunes 22 de julio de 2024
Editorial

¿Una puerta abierta al narcotráfico?

Una inquietante advertencia acaba de lanzar la Asociación Americana de Juristas (AAJ) respecto del régimen de regularización de activos –conocido popularmente como “blanqueo de capitales”- contenido en la Ley Bases que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados. La AAJ presentó un documento al Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo internacional rector en la materia, en el que sostienen que el blanqueo contenido en la norma puede convertir a la Argentina “en una suerte de ‘paraíso’ –o más bien guarida– para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional”.

El régimen contenido en el capítulo fiscal de la Ley Bases prevé una amnistía para evasores de impuestos que podrían ser eximidos de causas judiciales y del pago de multas si se deciden a declarar los bienes y divisas que tienen ocultos. La AAJ sostiene que este tipo de blanqueos, según la opinión unánime a nivel internacional, solo puede implementarse “en el marco de un gran acuerdo fiscal que incluya una reforma integral del sistema impositivo, una mejora de los sistemas de control y mayores penas para la evasión”. Sin embargo dice la Asociación, el blanqueo tal cual está formulado en la ley “afecta directamente al sistema de prevención en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”.

Pero para los expertos, el problema no es solo el blanqueo. El actual gobierno nacional lleva emitidas varias resoluciones que suprimen normativas de la Inspección General de Justicia que tenían como propósito evitar el uso fraudulento de sociedades comerciales, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. Otra organización, la Fundación La Alameda, ha denunciado también “el desmantelamiento de todas las políticas de prevención, asistencia y persecución del delito de trata de personas”.

La AJJ advierte asimismo que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “refleja una falta de exigencias reales de licitud del origen y trazabilidad de los fondos, que conlleva un alto riesgo de ingresos de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otras conductas criminales precedentes del delito de lavado”.

Claudia Rocca, presidenta de la AAJ Argentina, alerta que “el blanqueo del oficialismo podría alentar transformaciones en el país que terminen por convertirlo en un narco-estado. Conocemos muy bien las experiencias de Colombia y México”.

El crecimiento de las bandas delictivas en el país en la última década hace verosímil la hipótesis que sostienen algunos estudiosos del tema de que el narcotráfico se apresta a subir de nivel en la Argentina, es decir, a penetrar más a las instituciones, a insertarse con más fuerza territorial. El blanqueo podría funcionar, entonces, como la fuente de financiamiento de esa expansión.

La gravedad de la situación amerita una revisión del tema y el diseño de políticas que establezcan controles eficaces sobre el movimiento del dinero negro del crimen organizado.

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