Un informe elaborado por el proyecto Previniendo el Matrimonio y las Uniones tempranas en Argentina, que realizó la Fundación para Estudio en Investigación de la Mujer y que difundió El Ancasti en su edición de ayer, revela un dato que es, por lo menos, muy preocupante. En Argentina el 4,7 por ciento de las mujeres de 18 años están casadas o unidas a un varón mayor que ellas. El hecho de que sean menores de edad y estén con varones mayores hace presuponer que se trata de uniones forzadas, lo que comúnmente se denomina matrimonio infantil, que implica una clara vulneración de derechos.
El matrimonio infantil o forzado es una de las variantes de la trata de personas. La organización Unicef, que viene trabajando en la concientización sobre este tema con énfasis, lo define como “todo matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño”. Hasta 2009, la edad mínima exigida en Argentina por la ley a las mujeres para contraer matrimonio era de 16 años y de 18 para el varón, pero una reforma del Código Civil de ese año elevó la edad de las mujeres también a los 18.
Hay casos de parejas de novios adolescentes que conviven porque, por ejemplo, tuvieron un hijo precozmente. Aunque en ese caso no se aplique la figura de trata de personas o los casos extremos de convivencia forzada, debe entenderse de todos modos que es una situación irregular, pues, como se señaló, la ley exige la mayoría de edad, y no por cuestiones caprichosas, sino por razones fundadas en la necesidad de la madurez psicológica necesaria para afrontar un desafío de esa naturaleza.
El informe aludido menciona a Catamarca: dos departamentos, El Alto y La Paz, tienen un 0,67% del porcentaje de niñas que viven en unión temprana. En toda la provincia 1.366 niñas de entre 14 y 18 años viven en matrimonio o unión, es decir un 4,4% del total de niñas de esa edad, una cifra levemente inferior al promedio nacional. Hay otras provincias donde el porcentaje es bastante más alto que el promedio, como por ejemplo tres del noreste argentino: Misiones (7,2 %), Chaco (6,9%) y Formosa (6,4%).
El estudio de la Fundación para Estudio en Investigación de la Mujer tiene el mérito de visibilizar con nitidez el problema en la Argentina, pero el matrimonio infantil es una preocupación global, al punto que uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es poner fin a esta violación de los derechos humanos de aquí a 2030.
La visibilización del problema ayuda a que no se siga naturalizando, que se entienda, como dice el informe, que “el matrimonio infantil es una desigualdad estructural de género” y que “quienes tienen más vulnerados sus derechos son niñas y adolescentes mujeres”. A partir de esta aceptación deberá el Estado tomar las medidas para que estos casos disminuyan progresivamente hasta desaparecer.
