Inexorable pero previsiblemente, ha crecido en los grandes centros urbanos de la Argentina la proporción de inquilinos de viviendas, mientras disminuye la de propietarios. El dato pone de relieve las dificultades que tienen los ciudadanos para acceder a la primera vivienda, en un contexto donde se siente con fuerza creciente la retirada del Estado nacional en su responsabilidad de financiar la construcción de unidades habitacionales para los sectores medios y bajos.
El modelo económico de ajuste de la gestión libertaria interrumpió, en diciembre de 2023, el flujo de recursos para la construcción de viviendas sociales, lo que impacta negativamente en el déficit habitacional que registra la Argentina. La vacancia nacional, que también se observa en el cierre del Plan Procrear, no puede ser llenada, por una cuestión de disposición de fondos, por los gobiernos sub-nacionales, pese a lo cual provincias y municipios se esfuerzan, con limitaciones propias de la escasez, en continuar con la obra pública, incluida la urbanización.
En Catamarca el gobierno provincial ha entregado el año pasado 900 viviendas sociales, a la vez que ha implementado programas de autoconstrucción y lotes con servicios, construcción de viviendas por ahorro previo, además de habilitar líneas de crédito.
De todos modos, como se dijo, la deserción nacional tiene un impacto que no pueden morigerar los esfuerzos provinciales, y la caída de la proporción del número de propietarios de viviendas y terrenos es marcada. El último informe de la Fundación Tejido Urbano registró que una tendencia iniciada en 2016 continúa: en el segundo semestre de 2025, pasaron del 67,3% al 61,9% de hace 8 años. Al mismo tiempo, el estudio detectó que subió la proporción de inquilinos del 17,7% al 20,5%.
La gestión de Milei sostiene que la falta de financiamiento para la construcción de soluciones habitacionales se compensa con el otorgamiento de créditos hipotecarios, lo cual, según el propio informe, no es un dato correcto. El trabajo aclara que “la incidencia del crédito hipotecario como instrumento para el acceso a la propiedad actualmente existe, pero con ciertas limitaciones y oscilaciones temporales”.
El acceso a los créditos hipotecarios, tanto en bancos estatales como privados (sobre todo en estos últimos) es muy restringido, exigen requisitos que no todos los interesados pueden cumplir y, además, las tasas de interés suben tanto en algunos momentos que desalientan la gestión de acceso por parte de los interesados. Es por estos motivos que generó tanta indignación ciudadana la difusión de listas VIP de beneficiarios, integradas por funcionarios o legisladores nacionales, la gran mayoría de La Libertad Avanza, que vieron cómo se les allanaba el acceso a préstamos para la adquisición de hasta segundas y terceras viviendas.
El déficit de vivienda es uno de los grandes problemas argentinos que se arrastra desde hace muchos años. No se avizora que el actual rumbo del gobierno implique una solución al problema sino, por el contrario, un agravamiento. Una política consistente de acceso a la vivienda a quienes tienen dificultades para acceder a ella es necesaria porque, además de garantizar un derecho con rango constitucional, sería un síntoma de justicia y equidad.
