La decisión del Gobierno nacional de disolver el área destinada a la prevención de la violencia de género fue el último paso de una liquidación de lo que hasta diciembre fue el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Estas medidas tienen una doble motivación. Reducir gastos, no importa las consecuencias que la desaparición de los organismos provoquen, con el fin de reducir el déficit fiscal es una de ellas. Hay que decir, en este punto, que el Ministerio apenas consumía el 0,2% del presupuesto nacional. Pero hay también una que se vincula con lo ideológico: La Libertad Avanza niega, contra toda evidencia, la violencia de género, y se opone a toda política que propenda a la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad de derechos.
La función cumplida por el hoy desaparecido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en los últimos años, seguramente perfectible, ha sido fructífera en muchas de sus políticas implementadas. El programa “Acompañar” permitió que más de 350.000 mujeres pudieran salir de contextos donde padecían violencia de género, y el programa “Acercar Derechos” asistió legalmente, a través de 50 equipos interdisciplinarios con 146 profesionales, a miles de víctimas. Además, 1.2000.000 personas fueran asistidas por la atención de la Línea 144, que no se sabe si sobrevivirá al ajuste.
El Ministerio brindó apoyo económico a más de 800 familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio, y se construyeron en distintas provincias Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad, se equiparon y refaccionaron hogares y refugios para víctimas de violencia de género.
Además, asistió técnica y económicamente a 475 organizaciones sociales y comunitarias para fortalecer su trabajo territorial en todas las provincias a través de los Programas “Producir”, “Articular” y “Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad”, y desarrolló trabajo en territorio a través de más de 21.000 promotores en Género y Diversidad.
La Argentina sancionó en las últimas décadas 17 normas que garantizan derechos de las mujeres. Entre ellas la ley sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; la Ley Micaela, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado; y la Ley de Abordaje integral de personas víctimas de violencia de género.
La estructura pública que sostenía el trabajo articulado de las políticas implementadas en los últimos años, y que además garantizaban el cumplimiento efectivo de la normativa, ha sido desmantelada o reducida a su mínima expresión. Es fácil inferir, en consecuencia, que la política de ajuste desplegada por el gobierno libertario va a deteriorar sensiblemente, en la práctica, la defensa de los derechos de las mujeres, haciendo retroceder todos los avances logrados con el concurso de los movimientos feministas pero también de la gran mayoría de las fuerzas políticas que conforman el sistema institucional argentino.
