El proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional para liberar la posesión de tierras en manos extranjeras, hoy limitada al 15%, merece un análisis muy riguroso, mucho más que el que pretende un oficialismo urgido por que el instrumento se apruebe sin dilaciones, como un trámite administrativo más en el Congreso de la Nación.
La iniciativa procura modificar La Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011 que establece precisamente el límite del 15%, contabilizando ese porcentaje sobre la totalidad del territorio nacional, pero también sobre la superficie de cada provincia, municipio o departamento.
Actualmente, el cumplimiento de la norma se verifica en la extensión total del territorio nacional, con una posesión en manos de extranjeros del 5%. Pero la ley ya se incumple en 36 departamentos de distintas provincias, en los que el porcentaje de tierras en manos foráneas excede, en algunos casos largamente, el tope. Son, por lo general, lugares donde existen valiosos y estratégicos recursos naturales. Según un informe del Observatorio de Tierras, la extranjerización supera el 50 por ciento en Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos, en Salta. En Catamarca el departamento donde existe mayor porcentaje de tierras en manos de extranjeros es Tinogasta, con el 27%, donde ya están en explotación proyectos mineros y hay muchos otros que podrían activarse en los próximos años.
Los porcentajes más altos de extranjerización se hallan en zonas donde existen valiosas reservas mineras o de recursos hídricos, y en territorios con ventajas logísticas como puertos o vías navegables. Es decir que, ante la pasividad de las autoridades locales, capitales con origen en otros países -encabezan el listado Estados Unidos, España e Italia- se van adueñando de tierras estratégicas, en cantidades muy superiores a lo estipulado en la norma vigente desde hace 15 años y aún no modificada.
Matías Oberlín, uno de los investigadores del Conicet que estudiaron la lógica de acumulación de los capitales extranjeros, reflexionó: “La mecánica es muy clara: son tierras o de frontera o ricas en recursos minerales e hídricos. Se ubican donde hay recursos que son finitos como en la zona de la Cordillera, donde hay glaciares y minerales críticos o como en la hidrovía del Paraná”.
El proyecto presentado por el gobierno de Milei plantea la erradicación de cualquier tope, lo que provocará, de aprobarse, una notable profundización del proceso de extranjerización de las tierras. Esto podría ocasionar algunos efectos nocivos, según el planteo de expertos en el tema. Como por ejemplo, pérdida del control sobre recursos extranjeros, sobre algunos tramos de frontera, una mayor concentración dominial, presión sobre pequeños productores y agricultores familiares, conflicto por el uso social y comunitario del agua y el territorio, y desafíos en la gestión ambiental. Todos estos efectos, algunos previstos y otros no deseados, pero siempre negativos, refuerzan la idea de que una ley de estas características merece un debate más profundo que el que espera el gobierno nacional.