En las cárceles bonaerenses el acceso a la telefonía celular es libre. No hay restricciones administrativas o jurídicas para que los presos los tengan en sus celdas de reclusión.
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Tres de cuatro presos tienen en su poder un celular
La norma que habilitó la tenencia de teléfonos se dictó en el año 2020 y fue confirmada por un fallo de la Justicia.
Solo las barreras económicas impiden el acceso a dispositivos móviles. Según datos oficiales, el 73% de la población carcelaria provincial está conectado a una línea móvil que rebaja los muros que separan a los detenidos de la libertad.
El beneficio, considerado "humanitario" o un "derecho" por la gestión del kirchnerismo, a veces resulta un instrumento para trasladar el delito al interior de los perímetros penitenciarios.
Esta semana se conoció el caso de un preso que con su celular traficaba material de abuso sexual infantil desde su celda.
Se trata de Víctor Hugo Balderrama (34), un albañil condenado a 50 años de prisión por violación reiterada de menores. Las imágenes y videos que vendía con su dispositivo eran de los abusos que él mismo cometió, revictimizando a sus víctimas.
Balderrama era el líder de una de las células de pedofilia detectadas por el “Operativo Protección de las Infancias” que se extendió por 65 ciudades bonaerenses en una tarea coordinada del Ministerio Público Fiscal provincial.
Dos de esos procedimientos simultáneos y coordinados por 25 fiscalías se concretaron en unidades carcelarias de la Provincia, en el complejo de Florencio Varela. Allí detectaron que diez detenidos traficaban material de abuso sexual infantil desde la prisión.
Los procesados, condenados e imputados con prisión preventiva de las 56 prisiones de la Provincia tienen habilitados 42.833 aparatos telefónicos con acceso a internet y llamadas al exterior de los pabellones.
Tres fiscales que intervinieron en el procedimiento contra pedófilos y abusadores de niños coincidieron en este punto: la presencia de los dispositivos de comunicación sin controles favorece la proliferación de redes de tráfico y comercialización de imágenes pederastas.
Por disposición judicial, desde la pandemia, en 2020, los detenidos alojados en las cárceles bonaerenses tienen acceso a contar con teléfonos celulares para comunicarse con la familia y garantizar acceso a material educativo. El gobierno de Axel Kicillof enseguida habilitó un protocolo para el cumplimiento de esa resolución.
Fue un fallo que se conoció el 30 de marzo de 2020 y que firmó el juez de Casación, Víctor Violini.
“El derecho a la comunicación y la necesidad de mantener el vínculo afectivo de las personas detenidas se torna apremiante en la actual situación de pandemia, ya que se vio particularmente afectada la posibilidad de seguir recibiendo visitas familiares”, escribió Violini entonces.
Los confinamientos obligatorios por el Covid terminaron hace casi cuatro años.