Restricción judicial contra una madre que cuestionó irregularidades

La disposición fue dictada en el marco de un expediente que tramita en la Fiscalía de Instrucción Penal de la Sexta Circunscripción Judicial. De acuerdo con el texto de la notificación, Moya no puede mantener contacto directo ni indirecto con la denunciante ni con su grupo familiar a menos de 500 metros de distancia, y la prohibición se extiende por 90 días.

El alcance de la medida no se limita al encuentro presencial: también comprende llamados telefónicos, mensajes, actividad en redes sociales, intervenciones en radios y cualquier publicación que mencione a la denunciante.

Para Moya, la restricción está vinculada a su participación en el conflicto que atraviesa la comunidad educativa. “Esa es la consecuencia de salir a hablar, de preguntar, de interesarse en lo que pasa con el tema de educación de los chicos”, sostuvo.

Conflicto en la escuela

Los reclamos en la institución se hicieron públicos en septiembre, cuando familias de alumnos de segundo grado pidieron explicaciones por el apartamiento transitorio de la docente Evelin Caminos.

Antes de manifestarse, los padres y madres habían difundido una carta abierta en respaldo de la maestra y habían cuestionado las acusaciones por presuntos malos tratos.

Con el correr de las semanas, las familias se concentraron en las inmediaciones del establecimiento para exigir la reincorporación de Caminos y ampliaron sus cuestionamientos hacia otras presuntas irregularidades en el funcionamiento de la escuela.

Según el relato de Moya, hasta el momento no hubo definiciones sobre la situación de la docente.

“Los chicos lamentablemente la extrañan y se están sintiendo solos”, expresó.

La madre también apuntó contra el funcionamiento del comedor escolar. Planteó que las familias deberían acceder a información sobre los fondos que se destinan a ese servicio y su utilización.

“Los padres no sabemos cuánto envían, cuánto envían de dinero”, afirmó y reclamó que los ingresos y gastos se informen de manera periódica.

Asimismo, se refirió a una reunión que las familias mantuvieron con autoridades educativas provinciales. De acuerdo con su relato, los padres tuvieron que firmar un acta en disconformidad y elaborar un documento aparte para dejar asentados sus planteos.

Por último, Mireya Moya aseguró que seguirá yendo al establecimiento educativo para acompañar a sus hijos, a pesar de la medida judicial.

“Primero están mis hijos”, afirmó la madre y pidió que las autoridades investiguen las situaciones planteadas por las familias y den respuestas.