Legisladores provinciales y nacionales de la oposición que presentaron la denuncia en contra del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, y el propietario de la empresa AIR Total, Rodolfo Gallo, insistieron ahora con un recurso de oposición ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública para pedir que les permita actuar como querellantes particulares.
El jueves pasado, el fiscal Facundo Barros Jorrat rechazó la pretensión de constituirse en querellantes particulares, es decir, actuar como parte de la causa y acceder a todo el movimiento interno. En los fundamentos, el fiscal señala que los legisladores “no acreditan haber sufrido un perjuicio directo y real derivado del delito investigado”.
Más adelante agrega que las conductas realizadas por el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle, junto a los titulares de la empresa AIR Total SRL podrían encuadrar en la supuesta comisión de delitos en perjuicio de la Administración Pública, donde, a prima facie, el damnificado sería la administración pública provincial.
En este sentido, reconoce que los legisladores “forman parte de órganos cuyos integrantes representan a los ciudadanos y a las jurisdicciones, pero entiende que ello no implica tener legitimación activa para estar en juicio en defensa de los intereses del Estado, representando a la sociedad”.
Tras la resolución del fiscal, las y los legisladores interpusieron un recurso de oposición en contra de la resolución del fiscal Facundo Barros Jorrat.
La oposición planteó que la decisión del fiscal es arbitraria y carece de sustento. Argumentaron que, en función de la normativa y antecedentes legales, los legisladores pueden peticionar en la Justicia en su doble rol: como ciudadanos y como diputados.