La muerte de un anestesista destapó una trama de robo de fármacos y fiestas clandestinas en CABA.
Un nuevo capítulo conmocionó esta semana al mundo médico argentino. Lo que comenzó como la muerte de un joven anestesiólogo en su departamento porteño se convirtió en una investigación judicial que expone una red de robo de medicamentos, consumo recreativo de anestésicos y encuentros privados clandestinos protagonizados por profesionales de la salud.
El 20 de febrero pasado, Alejandro Zalazar, anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y ex residente del Hospital Rivadavia, fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo, a los 31 años. Cerca del cuerpo había elementos vinculados a la administración intravenosa de sustancias. La autopsia confirmó que sufrió una congestión, edema pulmonar y meningoencefálico provocados por el consumo de propofol y fentanilo. El rastreo de los medicamentos hallados en su vivienda condujo hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires y derivó en dos causas judiciales: una investiga la sustracción de los fármacos y otra, la muerte dudosa del médico.
Los únicos investigados hasta el momento por administración fraudulenta de drogas son Hernán Boveri y Delfina Lanusse. Boveri era uno de los principales anestesiólogos del Hospital Italiano, con participación destacada en organismos internacionales y jornadas científicas; Lanusse era residente de tercer año en la misma institución. Ambos fueron indagados por el juez Martín Sánchez Sarmiento, tienen prohibición de salir del país y fueron desvinculados del hospital.
En el ámbito médico circularon audios y mensajes de WhatsApp que describen presuntas prácticas irregulares: un grupo de anestesiólogos habría organizado fiestas con bombas de infusión, con una persona encargada de asistir ante posibles emergencias. "Todo el material que usaban era del hospital", señalan esas comunicaciones.
El propofol y el fentanilo no se consiguen en farmacias y llegan directamente desde droguerías a hospitales y clínicas bajo estricta vigilancia. En esos encuentros, los organizadores empleaban bombas de infusión para suministrar dosis constantes por vía intravenosa. El riesgo era considerable: una dosis apenas superior podía ocasionar depresión respiratoria y, sin intervención médica inmediata, un paro cardíaco.
Las fuentes judiciales aclararon que en el expediente no está acreditada la realización de fiestas sexuales, como trascendió en algunos medios, sino reuniones en domicilios privados donde habría existido intercambio o autosuministro de esos medicamentos.
En medio de ese escándalo, el viernes apareció un nuevo hecho que amplió la alarma. Un enfermero de 44 años fue hallado muerto en un departamento del barrio de Palermo. Su hermana, que vive en Gualeguaychú, Entre Ríos, había intentado comunicarse con él desde el lunes anterior sin éxito. Al ingresar al departamento, los efectivos policiales encontraron al hombre sentado en una silla del comedor, sin signos vitales, y hallaron más de 50 ampollas de medicamentos hospitalarios, jeringas y tres teléfonos celulares. Entre las drogas secuestradas había propofol, fentanilo, midazolam, clonazepam, succinilcolina y adrenalina, entre otras.
En el marco de la causa, las autoridades allanaron la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AARBA), en el barrio porteño de Caballito, buscando principalmente actas de reuniones con los profesionales imputados y otro material de interés para el expediente.
La provincia cuenta con la Ley Provincial Nº 5410, que instrumenta el Formulario Único Triplicado para el control del expendio de psicofármacos, psicotrópicos y otros fármacos que el Ministerio de Salud determine. La norma obliga a registrar datos del paciente, del médico prescriptor y de quien retira el medicamento, y establece sanciones.
Para los fármacos de uso exclusivamente hospitalario —como el propofol y el fentanilo, que nunca pasan por farmacias—, existe un instrumento adicional. En septiembre de 2014, la gobernadora Lucía Corpacci firmó el Decreto Nº 1649 por el cual Catamarca adhirió a la Disposición 2303/2014 de la ANMAT, que establece un sistema de trazabilidad de productos médicos: la identificación individual y unívoca de cada unidad distribuida, con seguimiento a través de toda la cadena de distribución, dispensación y aplicación.
El propio decreto reconoce que la iniciativa respondió a la necesidad de contrarrestar el impacto negativo que la distribución de productos médicos ilegítimos representa para la salud de los pacientes, y que resultaba imprescindible que las jurisdicciones contaran con herramientas para el seguimiento confiable de cada producto hasta llegar al usuario o paciente.
La norma existe, entonces, desde hace más de diez años. Lo que el caso "Propofest" pone sobre la mesa es otra pregunta, más incómoda: si ese sistema de trazabilidad se aplica en la práctica en los hospitales catamarqueños, con qué rigor se controla el stock de anestésicos, y si hay mecanismos reales para detectar faltantes antes de que deriven en una tragedia.