jueves 22 de febrero de 2024
Una medida excepcional

Probation concedida: "Tratemos de enaltecer a la víctima escuchándola"

El acusado debía responder por "exhibiciones obscenas" y "abuso sexual simple". La denunciante fue oída.

Ella fue agredida y denunció el hecho. La fiscal de Instrucción de Tercera Nominación, Gabriela De Marcos, estuvo a cargo de la investigación. Imputó al agresor de esta denunciante por “exhibiciones obscenas y abuso sexual simple”. La representante del Ministerio Público Fiscal explicó a la joven denunciante las posibilidades que había para proceder. Ella pidió hablar y poner fin al conflicto y la fiscal la escuchó.

El abogado defensor Pedro Justiano Vélez solicitó la suspensión de juicio a prueba –más conocido como probation-. A la vez, ofreció una reparación económica. Se realizó la audiencia ante el juez de Control de Garantías de Cuarta Nominación, Marcelo Sago. En la oportunidad, el magistrado escuchó a la denunciante. Luego de oírla decidió conceder el beneficio al acusado.

“Dar soluciones alternativas siempre es bueno, a los fines de descongestionar el sistema. Hay que enaltecer a la víctima. Nuestro deber como operador jurídico es enaltecerla porque suficientemente ha sido cosificada; no ha sido escuchada en el momento de sufrir el hecho y por el propio victimario. Basta de que el Estado quiera expropiar el conflicto y hacerlo suyo cuando la solución la tenemos con su autonomía y voluntad. Ella es libre de elegir. Tratemos de enaltecer a la víctima escuchándola y luego tratando de darle todos los remedios para que pueda lograrlo”, consideró la fiscal De Marcos.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la denunciante fue escuchada. De esta manera, entre otras cuestiones, se dio cumplimiento a lo establecido por la Ley Nacional 27372 de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos. “Fue escuchada y de manera clara, libre y espontánea manifestó su intención de aceptar la reparación ofrecida por el victimario. Logramos hacerla sentir enaltecida”, comentó.

Según detalló, se buscó la reparación del conflicto, a través de una reparación económica y luego, la suspensión de juicio a prueba es otra medida en la que el imputado tiene su libertad restringida porque tiene que cumplir ciertas pautas de conducta. Es decir, siempre y cuando cumpla esas medidas fijadas por el juez, la causa no va a ser elevada a juicio, advirtió.

“Algunas víctimas están cansadas del sistema y de tener que ir a un juicio, decir lo que pasó, plantear ante un defensor -que tiene el derecho, a los fines de no violar las garantías del imputado, de repreguntar- y de verse cara a cara. Están desgastadas y lo único que quieren es que el conflicto termine lo más rápido posible. En este caso concreto y teniéndose en cuenta el principio de la inmediación, la fiscal se reúne en privado con la víctima y le cuenta cómo son las cosas, el estado de la causa y las opciones que tiene, el abanico que se le abre y las opciones que tiene para elegir. Luego, el juez la escucha en una audiencia y ve cómo ella está y puede explicarlo. Por ello, surge esta posibilidad”, explicó.

Excepción

Esta probation es una de las pocas que se conceden. La suspensión de juicio a prueba se puede otorgar ante determinados delitos –aquellos que prevén una pena en suspenso-. En este sentido, la Convención de Belem Do Pará estipula que se deben “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.

“No se puede operar con reglas pétreas, sin analizar el caso concreto que nos convoca: víctima y victimario no tienen un domicilio cercano, los hechos resultaron ‘aislados’”, detalló. A la vez, agregó una cuestión –tal vez la más importante, la denunciante fue escuchada. Es decir, en materia de violencia contra la mujer, resulta necesario realizar una interpretación amplia de la normativa vigente y también dar a la denunciante su lugar para que sea escuchada. No se trata de “tutelar” ni de expropiar conflicto; se trata de cumplir los derechos de las personas que atravesaron por una situación de violencia, que buscan una respuesta y que quieren cerrar un capítulo para continuar con su vida.

“Derecho a ser oída”

En noviembre de 2021 en la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación se fijó un precedente en relación con la concesión excepcional de una suspensión de juicio a prueba en un caso de violencia contra la mujer. La denunciante claramente manifestó: “Quiero terminar con este proceso”.

A mediados de julio de 2019, la joven se encontraba en su casa. Muy temprano por la mañana llegó su expareja. Discutieron y hubo un forcejeo. La agredió y oportunamente el joven fue imputado por “lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja”. El acusado solicitó la probation. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Luis Guillamondegui, Silvia Martoccia y Fabricio Gershani Quesada. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el entonces fiscal Ezequiel Walther. El joven ofreció un resarcimiento económico y se comprometió a realizar trabajo comunitario.

Conocido el planteo, el Tribunal le dio la palabra a la joven denunciante. De modo espontáneo, dio su testimonio. “Estoy de acuerdo. Esto pasó hace tiempo. Fue una situación confusa. Al año volvimos a hablar sobre lo que pasó. Quiero terminar con esto. Antes no hubo otros hechos de violencia. Quiero que se cierre acá”, expresó.

Ante esta situación tan particular, luego de haber oído a la denunciante, el Tribunal decidió “hacer caso a su voluntad”. Luego, el joven desde el banquillo de los acusados miró a la denunciante y le pidió disculpas. Ella, desde su lugar, las aceptó.

Un beneficio excepcional

La probation se concede en determinados delitos con penas en suspenso.

La Ley Nacional 27372 de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos establece, entre otros, el derecho a recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; a ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento; a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso.

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