El acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional no contiene algunas de las “recomendaciones” clásicas del organismo, como la reforma laboral o la jubilatoria. De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, escribió en su cuenta de Twitter que “no habrá ninguna reforma jubilatoria. Siempre vamos a cuidar el salario de nuestros jubilados y jubiladas”. Además, dijo expresamente que “se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020”.
Sin embargo, podría haber ajustes en las denominadas “jubilaciones de privilegio”. En principio, siempre con el afán de bajar el gasto público, se estudian cambios en el régimen previsional de jueces y diplomáticos, establecido por la ley 27.546, cuyas jubilaciones son cercanas a los 400.000 mensuales. El tema fue incluido en un artículo del Memorando de Entendimiento con el FMI. Textualmente dice: “El gasto en jubilaciones y pensiones -cita- se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020. Sobre la base de esto, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, enfocándose en la evaluación de los regímenes especiales previsionales alcanzados por la ley 27.546”.
Jueces y diplomáticos mantienen el régimen de privilegio que perdieron los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo por ley en el año 2002, a excepción de los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, que conservan sus asignaciones mensuales vitalicias.
La iniciativa de modificar estos regímenes de privilegio está alineada con la ley aprobada en marzo de 2020, impulsada por el Ejecutivo nacional, que limitó las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y personal del servicio exterior, estableciendo un aumento de la edad de la edad mínima jubilatoria de los magistrados hombres a 65 años, de manera progresiva; un incremento de siete puntos porcentuales en los aportes y determinando que la jubilación sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, y no del último haber.
Un informe del Cippec publicado en 2020 señala que hay en Poder Judicial 5700 magistrados jubilados cuyo promedio de ingresos es cercano a los 400.000 pesos, y alrededor de 11.500 diplomáticos con sueldos superiores a los 350.000 pesos. El mismo estudio del Cippec consigna que los docentes universitarios nacionales percibían en 2020 cuatro veces menos jubilación que los magistrados.
Una corrección hacia abajo de estos haberes no tendría tal vez una incidencia demasiado importante en el ahorro del gasto nacional global, pero sí un impacto simbólico que podría ser bien recibido por una ciudadanía que tiene razones sobradas para estar enojada con la dirigencia argentina en general, la política, pero también la que se vincula con la administración de justicia y que ahora ostenta privilegios insostenibles en un contexto de grave crisis económica.n