"Vengo laburando hace una banda de tiempo... ya vengo hace dos años... una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así... en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando".
Este es uno de los mensajes de voz que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado descubrió al investigar el suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez (21). Rodrigo se mató la madrugada del 16 de diciembre de un disparo en la cabeza en su puesto de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.
Gómez había sido engañado por una banda de presos que operaba desde la cárcel de Magdalena a través de teléfonos celulares. Haciéndose pasar por policías, lo convencieron de que la madre de una menor de edad lo estaba denunciando por acosar a su hija por una aplicación de citas.
Aunque no era cierto, Gómez se sintió acorralado y, al no poder pagar las extorsiones, se suicidó. Fue víctima de "un laburo" tumbero. El caso del soldado volvió a poner en debate público el uso de los teléfonos celulares en manos de los presos. Y sobre todo en manos de los presos bonaerenses que, desde la pandemia de COVID-19, están habilitados a tener este medio de comunicación, aunque cada línea debe ser identificada y registrada por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El problema no es nuevo pero se agudizó cuando el kirchnerismo permitió irresponsablemente el ingreso de celulares a las cáceles, en época de pandemia.
Actualmente los presos alojados en cárceles del SPB tienen 48.693 dispositivos celulares registrados que pueden usar libremente. Sus conversaciones no pueden ser monitoreadas a menos que haya orden judicial específica.
A eso se suman los aparatos que entran a las unidades de contrabando (a través de familiares o guardias). Esto es algo que pasó siempre y que pasa aun en todas las cárceles del país.
Segun registros oficiales del Ministerio de Justicia Bonaerense, en 2025 se secuestraron 1.525 celulares ilegales: 1.366 de ellos se encontraron en requisas de rutina y otros 159 fueron secuestrados por orden de la Justicia.
