Desde FECLISA cuestionaron las limitaciones en las prestaciones y el atraso de aranceles.
El conflicto entre las clínicas privadas y el PAMI volvió a poner en discusión las condiciones de atención de los jubilados en todo el país. En este contexto, el presidente de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca (FECLISA), Jorge Saavedra, cuestionó las restricciones en las prestaciones médicas y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los afiliados para acceder a estudios y tratamientos.
Saavedra explicó que los aranceles que abona la obra social permanecen prácticamente congelados desde hace dos años, mientras que las limitaciones para realizar estudios médicos son cada vez mayores. "El sistema que está implementando PAMI es realmente desastroso. Desastroso para los abuelos porque cada vez tienen menos prestaciones", sostuvo. Como ejemplo, mencionó que un cardiólogo que anteriormente podía realizar 100 ecodopplers mensuales ahora cuenta con un cupo de apenas cinco prácticas. Según indicó, las restricciones también alcanzan a ecografías, radiografías, tomografías y estudios de alta complejidad, lo que dificulta el seguimiento de enfermedades crónicas. "Están en una desatención tremenda los afiliados de PAMI", expresó Saavedra, al advertir que muchos jubilados deben recurrir al sistema público de salud o afrontar los costos de manera particular para continuar sus tratamientos.
Atención normal
En el marco del conflicto nacional, que motivó la convocatoria a un paro de 48 horas para el miércoles y jueves, las clínicas y sanatorios privados de Catamarca resolvieron no adherir a la medida de fuerza.
"Acá en Catamarca las clínicas por lo menos hemos resuelto no hacer el paro para no perjudicar aún más a los abuelos", explicó el dirigente. No obstante, aclaró que las instituciones deben afrontar los costos de determinadas prácticas cuando los pacientes requieren atención urgente. En ese sentido, aseguró que las clínicas continúan brindando las prestaciones necesarias, pese a las limitaciones impuestas por la obra social.
Saavedra también manifestó su preocupación por la situación económica de los adultos mayores, al señalar que muchos no cuentan con los recursos necesarios para afrontar estudios particulares. En ese sentido, cuestionó que las restricciones en las prestaciones terminen trasladando los costos de la atención médica a los propios afiliados, quienes en numerosos casos dependen exclusivamente de sus haberes jubilatorios.
Además, advirtió que las dificultades se profundizan cuando los pacientes necesitan acceder a procedimientos de alta complejidad, como las hemodinamias. Explicó que, en determinados casos, PAMI exige estudios previos que también se encuentran sujetos a cupos, lo que termina obstaculizando el acceso a tratamientos necesarios. Según sostuvo, esta situación resulta especialmente preocupante para quienes presentan enfermedades cardiovasculares y requieren una atención oportuna.
Finalmente, Saavedra advirtió que podrían concretarse nuevas medidas de fuerza si no existen respuestas a los reclamos.
Sin embargo, insistió en que el problema no se limita a los aranceles, sino también a las restricciones que impiden a los jubilados acceder a las prestaciones que necesitan.
