El diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) presentó un proyecto de resolución por el que solicita a los legisladores nacionales de Catamarca que impulsen los proyectos de ley que están en estudio en el Congreso que plantean la transferencia de AySA, EDENOR y EDESUR a las jurisdicciones de la CABA y la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto del legislador provincial surge como respuesta a la decisión del Gobierno nacional que a través del Ministerio de Economía condonó una deuda de $140.000 millones de pesos de estas dos empresas con la distribuidora nacional CAMMESA. En este marco, las iniciativas a las que hace referencia Ávila son de autoría de la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, y del diputado nacional de Río Negro, Agustín Domingo.
Ávila también solicita que los legisladores nacionales de Catamarca repudien enérgicamente la decisión tomada por el ministro de Economía de la Nación a cargo de Sergio Massa.
Para justificar su pedido, el diputado opositor aseguró que la condonación de la deuda a las prestadoras energéticas “constituye sin lugar a duda un duro golpe al tan declamado federalismo”. En este marco consideró que no es otra cosa que “un subsidio más a la región del AMBA, que siempre está recibiendo aportes extras por gobiernos de distintos signos políticos y que arrastran en sus disputas entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires a toda la dirigencia política nacional, que se olvida de defender los intereses de sus provincias y se encolumna en uno u otro bando”.
Ávila aseguró que esta medida “favorece a los territorios gobernados por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, que con este enorme subsidio seguramente podrán lograr de ambas empresas incrementos más graduales en el precio de las tarifas para sus usuarios”. En esta línea destacó que también resultan beneficiarios directos los empresarios dueños de EDENOR y EDESUR, Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, “demostrando que por encima de la casta política hay una casta económica que maneja los resortes básicos de nuestra economía y que siempre obtiene beneficios y prebendas de parte del Estado”.
Más adelante cuestionó que este “obsequio” se concrete en el marco de un “brutal ajuste" en educación, donde se produce un recorte de 70.000 millones de pesos, en producción (70.000 millones de pesos), en vivienda (50.000 millones de pesos) y en salud y discapacidad (60.000 millones de pesos). “Esto último es tan grave que muchos programas que se financiaban a través de las obras sociales para gente con discapacidad disminuyeron drásticamente y se recortaron fondos para tratamientos oncológicos”, dijo.
Ávila criticó que se “está financiando con plata de todos los argentinos a empresarios prebendarios y a la región del AMBA, que ya tiene muchos beneficios en materia de subsidios”. En este sentido, afirmó que el Gobierno nacional “lo hace confiando en el silencio cómplice que puede tener de ambos lados de la grieta ya que también son beneficiarios dos administraciones del signo político antagónico”.
Más adelante, el diputado consideró como “llamativo” que en el Congreso de la Nación con mayoría de diputados y senadores de las 22 provincias que no son de la provincia de Buenos Aires y de la CABA no se haya tratado y aprobado el proyecto presentado por la senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, para que la Nación transfiera las empresas AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS (AySA), EDENOR y EDESUR a las jurisdicciones de la CABA y la Provincia de Buenos Aires, como tampoco se trató el proyecto de características similares presentado por el diputado de Río Negro, Agustín Domingo. “Sería oportuno que nuestros legisladores nacionales tomen como bandera estos proyectos y pidan por su tratamiento y aprobación”, consideró Ávila, aunque afirmó que “lamentablemente muchas veces vale más la obediencia partidaria que la genuina y real defensa de los intereses federales de las provincias”.
El diputado Alfredo Marchioli también había cuestionado los subsidios a las distribuidoras.n
