El Comité Capital de la Unión Cívica Radical expresó su “profunda preocupación” por el escándalo de las absoluciones pagas y por las derivaciones del caso que involucran a la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. En este sentido, solicitaron la renuncia de la funcionaria al cargo.
Segura es prima de uno de los beneficiados del acuerdo, Camilo Carrizo, que a su vez es hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo. Este vínculo puso a la ministra como objeto de críticas. Haciéndose eco de la publicación de El Ancasti, el Comité Capital, que encabezan la ex diputada Juana Fernández y la concejala capitalina Gilda Godoy, advirtieron que Carrizo fue “beneficiario de contrataciones directas con el Estado provincial por sumas millonarias, especialmente con el Ministerio a cargo de Segura”.
“Los registros oficiales detallan que entre 2023 y 2024, Carrizo realizó ventas al Estado por más de 81 millones de pesos, de los cuales una parte significativa corresponde a contratos con su cartera ministerial. Aún más preocupante es el hecho de que estos contratos fueron tramitados bajo el mecanismo de contratación directa, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y los criterios aplicados en estas adquisiciones. Este escenario se agrava al considerar el vínculo familiar entre Fabiola Segura y el proveedor, lo que representa un evidente conflicto de intereses”, advirtieron.
Fernández y Godoy también señalaron que la participación de Carrizo en hechos delictivos, como el asalto en el barrio Parque América “y su posterior vinculación con un esquema de absoluciones mediante resarcimientos económicos, refuerzan la necesidad de esclarecer su relación con las decisiones administrativas y judiciales que han favorecido a su familiar”. “Consideramos que estas circunstancias comprometen gravemente la credibilidad del Ministerio de Seguridad y afectan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La gestión de la seguridad pública requiere no solo eficiencia, sino también una ética irreprochable que garantice que las acciones y decisiones de sus autoridades estén libres de toda sospecha de parcialidad o favoritismo”, añadieron.
Ante esta situación es que desde el Comité exigieron la renuncia de Segura al cargo de ministra de Seguridad. “Creemos que su dimisión es una medida necesaria para permitir una investigación transparente y para preservar la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública”, aseguraron.
“Esperamos que el Gobierno provincial reflexione sobre la gravedad de esta situación y actúe en consecuencia por el bien de la provincia y de sus habitantes”, finalizaron.